DIANA ALVARADO | 6 DE AGOSTO DE 2026.-Más de 200 personas indígenas, entre ellas defensoras y defensores del territorio y sus familiares, han sido documentadas como desaparecidas en siete estados de México desde 1970, de acuerdo con un informe presentado por la organización Voces del Territorio. Los casos corresponden a comunidades de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora, y abarcan tanto desapariciones ocurridas hace décadas como casos registrados en años recientes.
Durante la presentación del informe, la organización advirtió que la defensa del territorio en pueblos indígenas se ha convertido en una actividad que expone a las comunidades a distintos tipos de violencia, entre ellos amenazas, agresiones físicas y digitales, desaparición forzada y asesinatos. El estudio busca visibilizar los riesgos que enfrentan quienes defienden sus tierras, recursos naturales y formas de vida comunitarias.
Anabela Carlon Flores, directora de Voces del Territorio, así como Daniela Niniz Rojas, comunera de Cherán, Michoacán, y Guadalupe Vásquez Luna, integrante de Las Abejas de Acteal, en Chiapas, explicaron que la información fue recopilada mediante entrevistas y encuestas con familiares y comunidades afectadas. Entre los posibles responsables señalados aparecen integrantes del crimen organizado, autoridades municipales, estatales y federales, así como elementos de las Fuerzas Armadas, ya sea por presunta participación directa, colaboración o aquiescencia.
El informe revela además las dificultades que enfrentan las familias para obtener información sobre sus seres queridos. El 77.8 por ciento de las personas encuestadas afirmó no contar con ninguna información sobre el paradero de su familiar desaparecido, mientras que 60 por ciento señaló haber presentado una denuncia formal ante las autoridades.
En contraste, 28.9 por ciento de los encuestados no había presentado una denuncia, situación que las organizaciones atribuyen al desconocimiento de las instituciones encargadas de atender estos casos, la desconfianza hacia las autoridades y la distancia que existe entre las comunidades y los servicios gubernamentales. A ello se suma que 84.4 por ciento aseguró no haber recibido apoyo gubernamental para la búsqueda de sus familiares.
Las organizaciones participantes señalaron que la violencia contra las comunidades indígenas no se limita a las agresiones físicas. También identificaron un incremento de ataques digitales dirigidos contra integrantes de comunidades purépechas de Michoacán, zapotecas de Oaxaca y yaquis de Sonora. Esta investigación fue realizada con respaldo de Indigenous Peoples Rights International y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, además de autoridades y organizaciones locales.
Las activistas consideraron que la violencia digital constituye una extensión de los conflictos territoriales y que los ataques pueden estar relacionados con intereses políticos, empresariales y del crimen organizado. Particularmente, señalaron que las mujeres indígenas enfrentan con mayor frecuencia este tipo de agresiones, en las que se combinan factores de machismo y racismo.
Frente a estas condiciones, las comunidades han desarrollado mecanismos propios para protegerse y defender sus territorios. Entre ellos se encuentran medios de comunicación autónomos, estrategias de control de la información y formas de organización colectiva, herramientas que permiten fortalecer su capacidad de respuesta ante amenazas externas.
El informe coloca nuevamente en el centro del debate la situación de las personas defensoras indígenas y la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para quienes protegen territorios, bosques, agua y recursos naturales. Las organizaciones participantes llamaron a fortalecer los mecanismos de búsqueda y protección, así como a mejorar la respuesta institucional ante las denuncias de desaparición y violencia.
Los datos presentados evidencian, según las organizaciones, que la desaparición de integrantes de pueblos indígenas constituye un problema que se extiende por varias décadas y distintas regiones del país. La falta de información sobre el paradero de las víctimas y el limitado acceso de las familias a mecanismos de búsqueda y apoyo gubernamental representan algunos de los principales desafíos para avanzar en el esclarecimiento de estos casos.
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