En el primer semestre de 2026, el gobierno de Estados Unidos deportó cada mes a casi mil personas de otras nacionalidades a México. El traslado fue sobre todo vía terrestre a la frontera norte, desde donde el Instituto Nacional de Migración (INM) las ha llevado hasta el sur del país.
En Tapachula, Chiapas, muchas han vivido con temor y sin trabajo; algunas carecen de documentos de identidad y están “vulnerables e invisibles”, aseveraron organizaciones civiles.
Los deportados han sido principalmente venezolanos, cubanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y haitianos. El Centro de Derechos Humanos (CDH) Fray Matías de Córdova, con base en Tapachula; Kino Border Initiative, en Nogales, Sonora; y la Oficina de Washington para América Latina aseguraron que a esta población la autoridad mexicana sólo le da 10 días para resolver su situación migratoria, tiempo en el que no se les permite trasladarse a otros estados.
En el informe Desterrados al sur: el costo humanitario de la deportación, expusieron que según testimonios y reportes, muchas de estas personas llevaban años viviendo en Estados Unidos, como ha sucedido con los mexicanos. Tenían libertad condicional humanitaria, estatus de protección temporal o solicitudes de asilo pendientes que la administración Trump ha cancelado o revocado, señalaron.
Destacaron que al principio, después de trasladarlos a Tapachula, los agentes del INM los dejaban en espacios públicos, como la plaza central.
Sin embargo, recientemente los han llevado a la Estación Migratoria Siglo XXI, donde tras permanecer por “un lapso que suele ser no más de 36 horas, aunque puede prolongarse hasta siete u ocho días”, los liberan “dejándolos nuevamente en el abandono”.
Expuestos a la violencia
No obstante, reconocieron que el instituto sí suele deportar regularmente a ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador mediante el traslado en autobuses hacia sus fronteras, pero existe el riesgo de que sean expuestos nuevamente a la violencia que los obligó a salir.
Sobre a los que se quedan en Tapachula, indicaron que esta población, en algunos casos de adultos mayores, es casi invisible en la ciudad salvo por los pocos que se congregan en la plaza central. “Los albergues locales no registran una saturación evidente; sin embargo, muchas de estas personas parecen haber conseguido alojamiento en condiciones precarias y de hacinamiento”.
Al ser liberados por el INM, revelaron, cada extranjero recibe un documento, el cual parece una carta de alta fotocopiada indicando que el instituto no los detuvo por motivos migratorios, sino los retuvo únicamente con fines estadísticos. No obstante, “no les brindan información sobre lo que sucederá al vencer su plazo de estancia ni sus opciones legales”.
El CDH Fray Matías y el Kino Border Initiative aseguraron que también se han encontrado con un gran número de casos en los que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos no devuelve documentos oficiales de identificación.
