DIANA ALVARADO 18 OCTUBRE 2020.- Usuarios de la empresa Aguakan en el municipio de Isla Mujeres tienen la oportunidad de solicitar la revocación de la concesión otorgada a dicha empresa y manifestar su inconformidad por el pésimo servicio, cobros excesivos, arbitrariedades y cortes en el suministro de agua potable, afirmó Edgar Humberto Gasca Arceo.
Invitó a los usuarios de la concesionaria a participar en la Consulta Popular impulsada por la senadora Marybel Villegas Canché, misma que arrancó formalmente este 15 de octubre en los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad.
Las mesas en Isla Mujeres están instaladas en los siguientes puntos: Chedraui, explanada municipal en la colonia Centro, en el parque de la colonia La Gloria y en la oficina de correos también en la colonia Centro.
Las mesas estarán instaladas de 10:00 de la mañana hasta las 14:00 horas y hasta el próximo jueves 22 de octubre de 2020.
El diputado Edgar Gasca, recordó que a la empresa Aguakan se le otorgó una concesión para el suministro de agua potable, saneamiento y alcantarillado en los municipios de Quintana Roo antes mencionados, “sin embargo los usuarios han recibido un muy mal servicio, con cortes en el suministro, cobros excesivos, y acuerdos de inversión en infraestructura que no ha cumplido, esto no debe seguir sucediendo”, indicó.
De acuerdo a la legislación local, para que la Consulta Popular sea vinculante, se necesita el 3% de participación de la lista nominal del estado. Esto equivale a 18 mil 472 firmas en Benito Juárez; 6 mil 792 en Solidaridad; 608 en Isla Mujeres y 600 en Puerto Morelos, para hacer un total de 26 mil 462 firmas.
Por ello, se instalan 58 mesas, 40 de ellas en Benito Juárez, 10 en Solidaridad, 4 en Isla Mujeres y 4 Puerto Morelos.
Edgar Gasca, convocó a los ciudadanos a hacer valer su voz y con sus firmas participar en la Consulta Popular para revocarle a concesión a Aguakan.
También hizo un llamado a las autoridades municipales y a sus compañeros integrantes de la Decimosexta Legislatura para emprender acciones en contra de la concesionaria que hace años incumple con lo establecido en el contrato otorgado.
Destacó que uno de los acuerdos establecidos en el contrato autorizado en el año 2014, fue que la empresa invertiría el 50 % del monto de recaudación por concepto del cobro de sus servicios para obras de infraestructura, drenaje y saneamiento, mismo que no se ha cumplido, lo que es causal para revocar la concesión.
Ante esta falta de cumplimiento el estado no está obligado a indemnizar a la empresa, concluyó.
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