Asimismo, el documento señala que el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, a través de la policía preventiva estatal ejecuta dicha orden, por lo que señala que lo anterior se hizo con la colusión de autoridades para ocasionar un perjuicio, la obstrucción a su derecho de ser votada y sobre todo, seguir obstaculizando su actividad como otrora candidata a la reelección.
En la denuncia, Laura Beristain destaca que lo anterior es una forma de ejercer violencia política para que ella no pudiera ejercer su derecho político-electoral a ser votada, pues dicho intimidatorio y arbitrario a horas de la jornada electoral sin fundamento alguno.
La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan en forma desproporcionada, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. De ahí que Laura Beristain se apoye en la ley para exigir justicia ante una elección de estado donde claramente sus derechos fueron violentados.
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