Presidencias municipales: cumplir o decepcionar

Por Julian Santiesteban

El proceso electoral 2021 va llegando a su final y, ahora que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) va dejando firmes los resultados de la elección del 06 de junio en Quintana Roo, es momento de considerar la siguiente etapa en lo que serán ya los nuevos gobiernos municipales: la de cumplir lo prometido y aplicar las respectivas sanciones a todos aquellos cuyo desempeño lo amerite… sin relativizar el discurso, por cierto.

Una de las constantes más características en la clase política nacional es aquella de que las promesas de campaña sirven únicamente para convencer al electorado, sin que represente un compromiso para la construcción de agendas de gobierno, es decir, una cosa es la que se dice para acudir a las urnas y otra la que se hace cuando ya se alcanzó el acceso al poder y las arcas, lo que ha contribuido al desprestigio permanente de quienes aseguran ser diferentes, siendo lo mismo.

Las campañas electorales en México, en cualquiera de sus niveles, se enfocan en la “vía fácil” del desprestigio del oponente. Se asegura que el contrincante no cumple ni sabe gobernar, se ponderan las virtudes propias sobre los defectos de los opositores y se promete no repetir las distorsiones en el ejercicio del poder… hasta que llega el momento de ejercer el poder y entonces toda exigencia desde la ciudadanía para que se cumpla lo que se prometió, comienzan a interpretarse y calificarse como “ataques políticos” y “descalificaciones enemigas para afectar el régimen”; todo cuestionamiento sobre compromisos electorales son descalificados como “añoranzas del pasado”, como acciones de poderes fácticos que se niegan a renunciar a las prebendas del pasado. Es la manera más simple también de evadir responsabilidades e iniciar una acción “presupuestívara” que permita al nuevo gobierno depredar los dineros públicos, de la misma manera que lo hicieran quienes le antecedieron.

Y considerando que, a finales de septiembre de 2021, iniciarán gestión once nuevos gobiernos municipales –aun cuando uno de ellos sea de reelección-, es tiempo de recordar a los presidentes y presidentas que la responsabilidad primera es cumplir, trabajar, ordenar la administración, mejorar constantemente los servicios municipales, de manera que sean funcionales mínimamente para los ciudadanos que gobiernan, antes de pensar en convertirse en “operadores electorales” de los futuros gobernantes estatales. Sobre todo, esto último, pues en enero de 2022 iniciará el proceso que desembocará en la elección del 05 de junio de ese año, con la elección del noveno gobierno estatal quintanarroense.

Señalar que, antes de hacer política, los presidentes y presidentas municipales deben ordenar el gobierno y hacerlo funcional en beneficio de los gobernados parece una aclaración innecesaria, pero en la coyuntura actual resulta fundamental, pues, por increíble que resulte, muchos de los que apenas están por tomar protesta, están a la vez pensando más en la siguiente elección que en el cumplimiento de compromisos, ¿conoce usted algún ejemplo claro de ello? Seguramente sí, por ello la importancia de destacar el mal servicio de recoja de basura, de alumbrado público, la deficiente operación de las policías municipales, del mal estado de las calles; problemas que existen en todos los municipios y que son resultado de años de abandono.

Además, valga decir desde ahora que ha habido también señalamientos de corrupción en prácticamente todos los gobiernos que terminan, por ello los que están por iniciar no tendrán tiempo para “curvas de aprendizaje”, pues a la vez que les aplican la ley a los del pasado, hay que ordenar el futuro, rompiendo las cadenas de complicidad y silencio que ha caracterizado la impunidad en este país y que ha colocado a Quintana Roo entre los diez estados con mayor porcentaje en este rubro, según La impunidad administrativa en México: la ineficiencia del sistema que genera impunidad, que realizaron “Impunidad Cero y la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública” del Tec de Monterrey, presentada apenas a finales de agosto pasado y en el Índice de Impunidad de México Evalua, que ubica a la entidad en el sexto lugar nacional.

Así que, a partir del 30 de septiembre, ojalá a las nuevas administraciones municipales les surjan más bríos de cumplir y no se les afine el discurso para evadir responsabilidades, aunque lo cierto es que, el inicio de los nuevos gobiernos es también el inicio del “reloj de la decepción”; es decir, habrá que estar atentos para identificar los primeros escándalos de corrupción en las nuevas administraciones y para poder saber si la justicia llegará a los del pasado, o se abultará todo en los “expedientes del olvido.”

COMENTARIO MORBOSO 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró –por unanimidad- inconstitucional la penalización del aborto en México, un hecho histórico con precedentes únicamente a nivel de cuatro entidades federativas, por lo que ahora ese criterio es obligatorio para todos los jueces del país. Esa decisión evidencia toda la cadena de simulaciones que históricamente se mantuvieron para permitir que a nivel de las entidades federativas (incluida por supuesto Quintana Roo) los tomadores de decisiones evadieran demandas sociales, arropados en supuestas consultas y foros públicos, que lo único que demostraban era la intención de no molestar a sectores conservadores.

Por cierto, ese logro siempre fue vaticinado por la red feminista quintanarroense, pues aseguraban que, tarde o temprano, instancias nacionales e internacionales reconocerían los derechos de la mujer, pero nos hace recordar que en la entidad aún está sin atender gran parte de las demandas de esos colectivos, como echar atrás la intentona de imponer el llamado “pin parental” en las escuelas públicas, que permite que la educación sexual sea “opcional” según lo determinen los padres de familia –vaya despropósito anti científico y moralino- y la construcción de un padrón de depredadores sexuales, la castración química y muchos más. La oportunidad la tiene el Congreso quintanarroense ahora que ha renovado su Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), ¿podrá el Partido Acción Nacional (PAN) construir una agenda plural, sin entrometer conocido conservadurismo? ¿Morena retomará los temas que en algún momento enarboló y que olvidó apenas estuvo en el poder? ¿tendrán, en suma, los actuales diputados locales, el ánimo de, por lo menos, no pasar a la historia como los legisladores más improductivos de Quintana Roo? La oportunidad la tienen. Bien por la Suprema Corte, esta partida la han ganado, en beneficio de todos y todas; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.