Por Julian Santiesteban
A partir de hoy lunes, los integrantes de la XVI Legislatura tienen 12 días para aprobar la iniciativa que les posibilitaría reelegirse hasta por tres ocasiones y con ello permanecer en el cargo 12 años; la medida, como pocas en la historia local, ha generado el abierto rechazo de más de 150 organizaciones civiles y representaciones empresariales, que no dejarán que los legisladores locales cobren 12 años de dietas, menos aun con los resultados que, con honrosas excepciones, prácticamente todos han quedado a deber a Quintana Roo.
De acuerdo al Artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución federal, no pueden realizarse modificaciones a la norma electoral, promulgarse o publicarse, dentro de los noventa días previos al inicio del proceso electoral. El Congreso del estado ya modificó en julio pasado la fecha de inicio del proceso electoral que desembocará con la elección del noveno gobierno estatal y una nueva legislatura, para ganar algunas semanas y construir públicamente la legitimidad de su aspiración reeleccionista, porque la iniciativa ya se presentó, la firmaron 22 de 25 diputados, pero el argumento es el que resulta más que ligero: que es una adecuación a la norma federal.
Ciertamente, a nivel federal, los legisladores pueden reelegirse hasta en tres ocasiones, pero en las entidades existe la “libre configuración” y nada obliga a equiparar en ese sentido, la norma. Más aun, hay diez entidades en este país que tienen opciones diferentes para la reelección, que van de una a tres ocasiones. Es decir, el argumento de los legisladores locales no se sostiene por sí mismo. Pero además, si algo ha caracterizado a la XVI legislatura son las luchas intestinas, tanto entre fracciones como estas mismas hacia el interior, el año que el Partido Verde presidió la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), hubo además una abierta ruptura con los trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo que generaron procesos legales que aun hoy están vigentes, sin contar con la señalada discrecionalidad en la disposición de los recursos y el oscurantismo en la contratación de diversos servicios. Con esa imagen hacia la ciudadanía, ¿cómo pretender reelegirse, pero además, hasta por tres ocasiones? 12 años de sueldo seguro sin “dar golpe”, ya suena a desfachatez.
Tampoco hay que dejar pasar un hecho trascendental: Entre los quejosos por la intentona legislativa, hay muchos que, a su vez, pretenden llegar a lo que será la XVIII Legislatura, escudados en una queja que, sin embargo, está más que fundada a partir de los magros resultados de los actuales diputados; sólo hay que identificar entre las 150 agrupaciones que han alzado la voz, a los que, agazapados, esperan lanzarse en pos de un distrito local, pero así como eso, hay que también evidenciar que el argumento de los diputados resulta hasta frívolo, pues hay en la actual coyuntura, muchos más temas y adecuaciones que ni siquiera han considerado, ¿ejemplos? Qué tal la modificación a la norma local, a partir de la consideración de inconstitucionalidad sobre la práctica del aborto que recientemente determinara la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por cierto, el recién estrenado presidente de la Jugocopo, Eduardo Martínez Arcila, ha comenzado la retirada. En la semana que concluyó adelantó que el proyecto reeleccionista será construido “con el aval de la ciudadanía”; es decir, si como acostumbra la legislatura local, convocará a “foros” para conocer la opinión de quintanarroenses y expertos, evidentemente, en 12 días no será posible tener un proyecto para aprobar, a menos que esos foros se hagan ipso facto y mucho más que a modo.
Pero con la postura del presidente de la Jugocopo, el abierto rechazo social y sobre todo, con el tiempo encima, surge otra alternativa que tal vez los quintanarroenses no habían previsto: que sus legisladores sean demócratas probados (sarcasmo incluido) y que pensaran en las siguientes generaciones y no en las próximas elecciones –muy al estilo Churchill-. Es decir, que aprobarán la reelección, aunque la entrada en vigor sea después de junio de 2022; y además para las futuras legislaturas. Luego entonces, nunca pretendieron ponerse “de pechito” la ley, sólo quisieron legar una normatividad que premie el trabajo bien hecho y que sancione el mediocre desempeño…ajá.
COMENTARIO MORBOSO
Sin el recurso federal y sin la autorización ambiental de la federación, la construcción del nuevo puente sobre la Laguna Nichupté parece cada vez más lejana. La postura local de mantener el proyecto luce más como una lógica discursiva, que como una realidad. A partir del próximo sábado, 25 de septiembre, le faltará a la administración de Carlos Joaquín González exactamente un año para concluir gestión. 12 meses. La obra requiere 18 sólo de construcción efectiva, sin contar los procesos administrativos para licitación y asignación de la misma, aunado a que falta la obtención de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y a partir de ello la autorización de los trabajos por parte del municipio Benito Juárez. En fin, tiene el tiempo en contra…y parece que mucho más que ello.
Para que dejar el proyecto en ejecución sin que ello signifique abandonarlo a medias, se requeriría que las futuras autoridades le dieran seguimiento, o que las actuales, desde otros espacios, tomaran también las medidas respectivas, ¿pudiera impulsarlo, acaso, el futuro secretario de Turismo del gobierno federal? Ya veremos, a partir del 26 de septiembre de 2022, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
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