DIANA ALVARADO 05 OCTUBRE 2021.- La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Energía, la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la sesión de este martes, se remitió la propuesta que entregó la noche del pasado jueves la Secretaría de Gobernación en su calidad de enlace con el Ejecutivo. Las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales que presiden los morenistas Manuel González y Juan Ramiro Robledo, respectivamente, serán los encargados de encabezar las discusiones.
En su propuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone “un nuevo sistema eléctrico nacional” para regresar al Estado la conducción del sector, dotando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 54 por ciento del mercado; también cancela contratos y permisos a la iniciativa privada, y elimina los órganos reguladores.
En la iniciativa presidencial, que es una clara contrarreforma a la aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se establece también que el aprovechamiento del litio será exclusivo de la nación por lo que el gobierno tendrá el dominio de la explotación de los yacimientos de este y demás minerales estratégicos para la transición energética, los cuales no podrán ser concesionados a ninguna empresa.
Sin embargo, el texto propone respetar los permisos de explotación de litio otorgados a la IP “que ya fueron debidamente avalados por la Secretaría de Economía”.
La iniciativa que se discutirá y analizará en San Lázaro, pide reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, cambios que para ser avalados necesitan el apoyo de la oposición.
También se propone la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y que su estructura y atribuciones se incorporen a la Secretaría de Energía, en lo que corresponda. Asimismo, que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) sea absorbido por la CFE.
Reforma eléctrica lleva a México a los setenta: CCE
La propuesta de reforma constitucional en el sector eléctrico presentada, el pasado viernes, por el Ejecutivo federal, va regresar a México a la época de los años setenta, aseguró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“¿Qué tanto podemos confiar en los cambios?… Volvemos a los años setenta, cuando la electricidad nos era cara, se tenía que subsidiar constantemente y había apagones constantes”, enfatizó.
El líder del sector empresarial destacó que con la reforma “se vuelve a no respetar la legalidad”, al momento en que se plantean cambios.
En conferencia de prensa, arropado por integrantes que conforman al CCE, puntualizó que los privados se van a amparar en contra de la reforma, porque ven afectados sus intereses.
Expuso que las inversiones comprometidas por la Iniciativa Privada en el sector eléctrico ascienden a 42 mil millones de dólares.
Salazar Lomelín enfatizó que si la demanda de electricidad hacia adelante crece a un ritmo de tres por ciento, se necesitarán inversiones anuales de 87 mil millones de pesos.
Agregó que el presupuesto anual de la CFE es de 45 mil millones de pesos.
“No hay inversión de transmisión ni en distribución”, destacó.
El CCE puso sobre la mesa que la propuesta de reforma impacta en el costo de la electricidad; perjudica el medio ambiente, si se usa el coque y combustóleo para compensar la falta de inversión del sector público y privado e impacta en el T-MEC y las inversiones nacionales que buscaron “ganancias lícitas”.
“Al CCE no le gusta ni usa los jinetes del apocalipsis para tratar visualizar las catástrofes de las medidas, no nos parece que ese sea el enfoque. Insistimos que en una sociedad que está regulada por leyes, donde las decisiones se toman de acuerdo a las normativas y las regulaciones que hacen que la convivencia sea adecuada, cambios a las fórmulas en las que hemos tomado decisiones, son definitivamente en contra de una perspectiva de relaciones adecuada”.
Salazar enfatizó que la transmisión y la distribución de la electricidad es un monopolio del Estado, el cual es regulado, orientado y producido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Donde se permite la entrada del sector privado en el sector eléctrico, cuando hablamos que se ha ido privatizando hay que tener claro este concepto de que nada más se permite la intervención del sector privado en la generación de electricidad; la IP participa con el 46 por ciento de la producción eléctrica del país”, acotó.
