Seguridad, la maldita estadística

Por Julian Santiesteban

La inseguridad en México es una realidad inocultable. Trabajar en la percepción y, sobre todo, en la condición real, es el reto no sólo para la Cuarta Transformación Republicana (4T), sino también para las entidades federativas, pero como es más común repartir culpas que asumir responsabilidades, lo importante es entender también que las circunstancias en que unos y otros realizan la tarea son, por mucho, desiguales y el reclamo es, evidentemente, al nivel de gobierno más inmediato; más aún  cuando el tema suele pasar también por el tamiz de lo político.

El escribiente ha sido permanentemente incisivo en señalar las estadísticas locales como muestra de lo mucho que se ha dejado de hacer y el pendiente existente en la materia, pero para efectos de futuro, de la disponibilidad de los recursos, en el contexto del inicio de once gobiernos municipales y, a menos de un año, de que el noveno gobierno estatal quintanarroense llegue, es fundamental entender la dinámica de la asignación presupuestal, porque, ciertamente, las decisiones y estrtegias locales pueden ser cortas en cuanto a su efectividad, pero también es importante decir que, la coordinación que tanto se pregona, es más discurso que corresponsabilidad.

Por ejemplo, para 2022, el paquete económico federal propone un incremento de más de 25 mil millones de pesos al presupuesto de la Guardia Nacional, esto es el 60% más de los recursos destinados para el 2021. En contraparte, los recursos para los fondos para el desarrollo y fortalecimiento de las policías locales se quedarían prácticamente igual, e incluso con reducciones para el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y por segundo año consecutivo se elimina el subsidio que tradicionalmente se destinaba a las fuerzas de seguridad de los municipios con mayor incidencia criminal. ¿Nota ya el lector hacia dónde va el escribiente?

Aun así, la semana anterior, Quintana Roo firmó el llamado Convenio Multifuente con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que en las intríngulis del documento, según se ha destacado, permitirá la instrumentación de un programa especial para la reducción de incidencia delictiva en centros turísticos del país. No es que la estrategia no sea importante, pero para efectos de lo que importa, en esos centros de desarrollo los planes nacionales debiera también considerarse la llamada “población flotante”, pues aunque no sean residentes permanentes, demandan la misma seguridad que los que habitan en lugar. Por ejemplo, Quintana Roo tiene un millón 857 mil 985 habitantes, de acuerdo al más reciente Censo de Población y, en cifras pre pandémicas, recibió en 2019 22 millones de visitantes…si la población permanente sirve de base para la conformación de los presupuestos, ¿se imagina el lector la disparidad entre los recursos recibidos y los que se requieren?

Con intención o por desconocimiento de la norma, si el 0.1 por ciento de esos visitantes cometen una falta administrativa o un delito mayor, la estadística local se dispara en 22 mil por año; si del uno por ciento se tratara, la cantidad de delitos por año serían 220 mil más… Sí, la estrategia local puede ser incompleta, pero también es fundamental modificar los indicadores, que la “maldita estadística” permita integrar a esa población flotante para efectos de la cobertura presupuestal; porque para efectos de considerarlos en los avances y retrocesos sí cuentan, ¿no le parece entonces que habría que construir una “cobija” que cubra mejor las necesidades locales?

Y si, aún puede ser criticable el destino de los recursos de que sí se dispone, pero, como reza el dicho mexicano “ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”;  y si para 2022 se destinan mayores recursos para las corporaciones estatales, no debieran abandonarse las estatales y municipales. Ahí es en donde se evidencia que, ni coordinación, ni esfuerzos compartidos; por el contrario, en los hechos, los gobiernos siempre anteponen el discurso a las políticas públicas efectivas.

Por cierto, a propósito de coordinación o repartición de culpas, en esta que es ya la segunda semana de los nuevos gobiernos municipales, por lo menos ocho de 11 han manifestado ya su voluntad de continuar con el llamado mando único policial; hasta ahora, y considerando el paquete fiscal en el que no se contempla el Fortaseg, pues no hay recurso que pelear. En consecuencia, afinar los planes específicos es posible y deseable, para que los resultados a futuro sean acordes a las necesidades reales, pero se insiste, para el futuro, habría que hacer que la estadística se utilice no sólo para destacar en el “ranking” de incidencia delictiva, sino sobre todo, para superar el reto de inseguridad, que por ahora tiene al país, con deudas profundas con su población; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

COMENTARIO MORBOSO 

El prietito en el arroz… 

Este lunes, un juzgado federal determinó que los menores de 12 a 17 años de edad deberán ser recibir la vacuna contra el Covid19, independientemente de su condición de salud, la fecha límite para que el gobierno de la 4T es el próximo jueves, así que, una vez más, la justicia mexicana protege a la población. Faltará ver la respuesta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por cierto, en lo local, la secretaria de Salud –lamentablemente-, Alejandra Aguirre Crespo, a pesar de tener ya una ordenanza similar por parte de un juez, anunció en días pasados que no obedecerán lo ordenado, sino hasta que el Plan Nacional de Vacunación contemple a ese rango de edad. Nada extraño en la funcionaria, pero igual de lamentable. Aunque, por cierto, en la comparecencia que tuviera este martes ante los diputados de la XVI Legislatura, dijo “no tener problema” con la aplicación de la vacuna…pero no se ha aplicado, a pesar de que un juez lo ordenó.

La condena en redes sociales, tanto al desempeño “con terciopelo” de algunos diputados, como a la gestión de Aguirre Crespo, fue lapidaria, la transmisión que hiciera el mismo Congreso del Estado da cuenta de ella. Aun así, las “odas y loas” lanzadas por algunos legisladores que vislumbran estos ejercicios como la oportunidad de congraciarse con el régimen -¿me lees Cristina?- no se hicieron esperar.

Si, hubo excepciones importantes como los cuestionamientos lanzados por el legislador Roberto Erales Jiménez, o el mismo presidente de la Comisión, Edgar Gasca Arceo, quien puntualmente preguntó sobre la falta de pago a los empresarios dueños de las llamadas carpas Covid, además de la retención que personal de la Secretaría de Salud ha hecho de esta infraestructura rentada. Existe según han dicho los dueños de las mismas, una orden de juez para que se les regresen, pero aun así, ni se entregan, ni se pagan.

No hay que olvidar que, dichas carpas, han posibilitado que personajes como Jorge Brizuela Guevara y Vanesa Vargas, su esposa, obtuvieran contratos por más de 500 millones de pesos del gobierno estatal. ¿La respuesta de Aguirre Crespo? Que sí, se debe el ejercicio 2021, que del año 2020 ya no se debe (aunque a los empresarios desde ese año se les adeuda, es decir, Guevara Brizuela tomó el recurso y no pagó a quien subcontrató) y con respecto a la devolución de la infraestructura, simplemente nada dijo ¿qué tal? Hay cosas malas; sí, malas, que ya no van a modificarse en la actual administración estatal; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.