DIANA ALVARADO 28 JUNIO 2019.- El gobernador Carlos Joaquín informó que Quintana Roo registró, por tercer año consecutivo, una tendencia al alza en transparencia fiscal. Además, se posicionó en el top cinco nacional en acceso a la información pública como resultado de la lucha contra la corrupción y la impunidad como lo exigió la gente.
Con un alto nivel de transparencia fiscal al avanzar en la corrección del rumbo de Quintana Roo, la entidad se mantiene en los cinco primeros lugares respecto del año anterior con 94.23 puntos por encima de estados como Sinaloa, Jalisco y San Luis Potosí, precisó la Secretaría de Finanzas y Planeación, cuya titular es Johanet Torres Muñoz.
Por transparentar el correcto manejo y la administración de las finanzas, así como la rendición de cuentas, Quintana Roo obtuvo la calificación más alta en su historia al presentar información financiera y fiscal con calidad, donde mantiene un enfoque de transparencia proactiva, prioriza los datos abiertos y utiliza efectivamente la información en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Al inicio de la administración del gobernador Carlos Joaquín, se tenía una puntuación baja del 69.20 puntos en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2019, debido a la opacidad con la que se distinguieron los gobiernos anteriores para beneficiar a unos cuantos a costa de las mayorías.
La empresa consultora de Análisis Económico y Finanzas Públicas (AREGIONAL) presentó los resultados del ITDIF 2019, con la elaboración del índice donde se estudian y evalúan la disponibilidad y la accesibilidad de la información de los gobiernos locales en sus páginas electrónicas.
En esta evaluación, se reconocen las acciones realizadas por cada gobierno para transparentar el desempeño de su gestión, así como la ejecución de los recursos públicos, poniendo a disposición de los ciudadanos la información en primera mano.
Con ello, se comprueba el cumplimiento de la entidad y sus municipios para juntos avanzar en las obligaciones estipuladas en la Ley de Disciplina Financiera, así como en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
