Julian Santiesteban
El Poder Ejecutivo siempre ha controlado al Legislativo, en las entidades o a nivel federal, independientemente de los órganos administrativos que se creen para el desarrollo de la vida interna en el recinto de los diputados, pero cuando llegó el “cambio” en 2016 a Quintana Roo, se insistió en la desaparición de la llamada “Gran Comisión”, órgano que posibilitaba a la fracción parlamentaria más grande, mantener el control del Congreso durante toda la legislatura, pero en los hechos, únicamente sirvió para que su impulsor, Eduardo Martínez Arcila, se reeligiera, obtuviera recursos que aun a la fecha no ha justificado y, en suma, para administrar cuatro –de seis- años, ese Poder del Estado. Esa es la suma de la “modernización administrativa”, la rapiña de toda la vida, ahora más acentuada.
Ni en los peores momentos de control priísta del Congreso, se documentaron abusos como los de la XV y XVI legislaturas, con Martínez Arcila o Gustavo Miranda García, este último del Partido Verde Ecologista (PVE) que en 2021 presidió la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), y eso que el Partido Acción Nacional (PAN), criticó duramente que se mantuviera la Gran Comisión, por ser un elemento anacrónico y que no posibilitaba la democracia interna en el Congreso, eso sí, después de haberla utilizado tres años para servirse de recursos “con la cuchara del mole.” ¡Vaya cinismo!
A partir de 2019, en que entró en vigencia la modificación a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, su control administrativo sólo estuvo dos años en la oposición. El primer año, un accidentado control de Morena y, el segundo, por parte del Verde Ecologista, para regresar este tercero a manos de Eduardo Martínez Arcila. El caso es que, una vez mostrada esa profunda corrupción, 13 diputados de la XVI legislatura han presentado una iniciativa que reforma de nuevo la Ley Orgánica del Legislativo para que la fracción parlamentaria mayoritaria y que tenga por lo menos el 30 por ciento de las curules, tenga el control administrativo de ese Poder durante toda la legislatura. ¿Mejorará con ello la democracia interna? Probablemente no, pero sin duda dará la estabilidad que se ha esfumado, para dar paso a el “agandalle” abierto de los recursos públicos.
¿Existe alternativa a esta iniciativa para dar estabilidad al Poder Legislativo? Sí, una de ellas pudiera ser mantener la presidencia rotativa entre las tres fracciones parlamentarias y elegir por una mayoría legislativa los órganos administrativos, eso daría mayor estabilidad; pero ¿evitaría eso el control del Ejecutivo sobre el Legislativo? No, como no lo ha hecho tampoco la Ley Orgánica en vigencia, porque eso depende de la calidad de los diputados y diputadas que se elijan. Hasta ahora, todos se han rendido al gobernante en turno. Y entonces ¿para qué serviría una iniciativa como la presentada? Únicamente para legalizar lo que de hecho ya ocurre, y a la vez, garantizar la gobernabilidad de las siguientes administraciones estatales.
Luego entonces, el escribiente propone que lo que hasta ahora es un intento por construir una administración legislativa tan parecida a la Gran Comisión, se evalúe no como “buena” o “mala”, sino en función de su practicidad. Habrá quienes la consideren un retroceso, claro, los que hasta ahora se han servido de la norma para beneficio político y económico. ¿Morena pretende con ello el control total? Pues, en la legislatura saliente, sus diputados y diputadas fueron señalados por su propio partido de faltar a sus principios, por ello no postuló a ninguno para la reelección; luego entonces, se insiste de nuevo, ese control no depende de la norma, sino de la calidad de los que ejercen el cargo.
Con trece impulsores de la iniciativa en cuestión, faltan cuatro votos más para que la modificación normativa ocurra. La próxima legislatura durará dos años, para lograr empatar la siguiente elección con la presidencial del 2024; así que quien presida, lo hará por ese tiempo; así que, atentos todos para ver a los que defenderán la norma actual, pues si se evalúa el beneficio que obtuvieron de ella, será más fácil también entender sus motivaciones; pero no se engañe el lector, los intereses ciudadanos no estarán presentes ni en la defensa de la actual o antigua norma; es el poder lo que está en juego, las necesidades sociales están para “otra ocasión”; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
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