Procesos legales, no ataques políticos

Julian Santiesteban

No es lo mismo el escándalo mediático que el proceso legal y, a 15 días de concluir las campañas electorales, a algunos candidatos les está llegando la hora de responder en tribunales por su trayectoria en la administración pública; y aunque en este país, lo segundo suele pasar por lo primero, además que el aparato de justicia sirve, fundamentalmente, para administrarla en función de lo que convenga al régimen, lo cierto es que la tregua del proceso terminará pronto y sólo quedarán los procesos abiertos, concluirlos dependerá también de los “acuerdos” que se alcancen, de ahí la importancia de que los ciudadanos no olviden, como probablemente “olviden” los futuros gobernantes.

Sí, en México, los procesos legales en contra de políticos o sus allegados avanzan en función de la importancia que tengan para el “Poder”, ejemplo de ello es el proceso legal que sigue José Luis Pech Galera, hijo del candidato de Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech Várguez, pues el asunto estuvo detenido durante toda la actual administración federal, mientras el senador se mantuvo en las filas de Morena y, apenas abandonó el régimen, la vinculación a proceso llegó, pero ¿acaso alguien lo obligó a vincularse dentro de la llamada Estafa Maestra? En el caso de Laura Fernández Piña, multidenunciada por la actual administración de Puerto Morelos y la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) ¿alguien la obligó a no pagar decenas de millones de pesos en prestaciones sociales a instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, a pesar de que los descuentos a sus trabajadores se realizaron, según han dado a conocer las mismas instancias nacionales que reclaman los recursos? ¿a adjudicar irregularmente contratos a su esposo? ¿a realizar obra pública con sobre costo?

No, las ilegalidades se cometieron –según los denunciantes-, que se utilicen a conveniencia por parte de la clase política es diferente. Nadie reclamó el silencio de las instancias que debían actuar, pero ahora que lo hacen, la queja es que se trata de ataques políticos. Más aun, en los pendientes legales de los candidatos, ¿alguien recuerda que, el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Emir Bellos Tun, acusó al candidato de Movimiento Auténtico Social (MAS), Nivardo Mena Villanueva de irregularidades diversas y de haber desaparecido toda la información de su administración en la entrega-recepción? No olvidar que Bellos Tun llegó al cargo por la vía del MAS, tal vez por eso, desde febrero del presente año, en que el ex alcalde se convirtió en su candidato a la gubernatura, el silencio de la actual administración se volvió regla, ¿o alguien ha vuelto a ver a Emir Bellos, a conocer de alguna denuncia interpuesta? ¿Nota el lector el punto del escribiente?

Pero tomar en cuenta que la regla la aplica a toda la clase política. Las alcaldesas panistas, Atenea Gómez Ricalde y Lily Campos Miranda, de Isla Mujeres y Solidaridad, respectivamente, también interpusieron denuncias en contra de sus antecesores, Juan Carrillo Soberanis y Laura Beristain Navarrete, el primero diputado federal ahora del Partido Verde Ecologista (PVE) y la segunda morenista (aunque el primero gobernó con las siglas del Partido Revolucionario Institucional, PRI). Y es aquí donde se pone interesante, pues es importante diferenciar lo político de lo legal. Manuel Palacios Herrera, auditor superior del estado, anunció la semana anterior que existen denuncias en contra de la gestión de Laura Fernández Piña por irregularidades diversas, además de las tres denuncias que interpuso la administración actual de Blanca Merari Dziu. Que el hecho llegara en la coyuntura electoral es otra cosa, ¿o los tiempos de revisión también fueron acomodados, en la ley, para realizar “ataques”? hay que ser más racionales y no tan ligeros con el juicio o la defensa.

Palacios Herrera, lo mismo ha actuado en el caso de Isla Mujeres y Solidaridad, además de Othón P. Blanco –morenistas-, que en el de Puerto Morelos –Verde en su momento, por cierto-; justo como debe proceder. Luego entonces, ahí no cabe reproche político alguno. Y para los que aseguran que la administración actual ha “instruido” al auditor para arremeter contra la neopanista, habría que recordarles que el auditor revisa por estos días los contratos otorgados en tiempos de pandemia a la empresa de Jorge “El Venezolano” Brizuela Guevara, por varios cientos de millones de pesos, a solicitud expresa del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. La cercanía señalada públicamente del “empresario” con la administración estatal ha quedado de manifiesto; ¿a poco ordenaron el “balazo en el pie”?

Como podrá notar el lector, pendientes hay muchísimos, en campañas nos enteramos de ello, ojalá también después de las mismas sigan adelante; pero lo que no puede reprocharse, es que haya intencionalidad política de la Aseqroo, aunque deberemos esperar también los resultados de su actuación. Por lo pronto, con el tiempo que queda de campaña, es tiempo de que los partidos preparen los “desmarques” de los personajes que han decidido abanderar, porque pasada la tregua del proceso, sólo quedarán los pendientes legales…o el olvido, pero no por parte de la ciudadanía.

COMENTARIO MORBOSO 

A propósito de pendientes, ha trascendido a nivel de rumor, pero con los documentos que respaldan la versión, que Carlos Alberto Moyano Menchaca, esposo de la candidata de “Va por Quintana Roo”, Laura Fernández Piña, no habría obtenido un amparo solicitado por diversas denuncias que enfrenta por irregularidades señaladas en municipios diversos del estado de Jalisco y Guanajuato, realizadas con su empresa Mexiled S.A. de C.V., fundada en el 2010 y dedicada a instalación y mantenimiento de alumbrado público.

El rumor que corre en redes sociales, es que, desde el 14 de febrero, a Moyano Menchaca le fue negado dicho amparo contra una orden de aprehensión que tiene por abuso de confianza, y que desde esa fecha es prófugo de la justicia. El tema pudiera ser estrictamente personal del acusado, pero se vuelve de importancia pública porque Mexiled, su empresa, habría sido la beneficiada por la administración de Laura Fernández –su esposa- para la instalación y mantenimiento del alumbrado público en Puerto Morelos, por un periodo de 20 años, mediante una Asociación Público Privada. Luego entonces, la empresa ganadora –de su marido, insiste el escribiente- ya tenía denuncias por incumplimiento, el dueño de la misma ahora no tiene capacidad de cumplimiento con el municipio y eso habría sido parte del fundamento para la revocación del contrato; además de las irregularidades detectadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al intentar inscribir el documento.

Como podrá advertirse, no hay en el procedimiento intencionalidad política alguna. Primero, porque Jalisco es gobernado por Movimiento Ciudadano; segundo, porque en Guanajuato hay gobierno panista. El futuro está alcanzando a la candidata y, otro rumor creciente, es que la preocupación ha llegado también al “cuarto de guerra” del PAN y PRD, no por el descrédito de la abanderada, sino porque las denuncias en su entorno, tienen el sustento suficiente para que las instancias respectivas procedan en su contra y de sus cercanos, pues además de perder la elección, quedarán mal paradas ante la poca militancia que les queda, al haberla hecho a un lado con la selección de la candidatura; y aunque Quintana Roo representa tan sólo el 2 por ciento del padrón electoral nacional, poco a poco esos partidos se hunden más, rumbo a la elección del 2024, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.