DIANA ALVARADO 06 JUNIO 2022.- El municipio de Benito Juárez logró este 2022 el Primer Lugar Nacional en la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), particularmente, gracias a que los componentes de “Planeación” y “Seguimiento” tuvieron un 100 por ciento de avance según certificación otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De igual forma, Benito Juárez con Lourdes Latife Cardona Muza como Encargada de Despacho de la Presidencia Municipal, se mantiene a la vanguardia en este tema, ya que este año logró también el Primer Lugar Nacional en dicha evaluación con 87.30 por ciento de cumplimiento, considerado como “Alto”, misma posición que se alcanzó en 2020 con un 76.70 por ciento de cumplimiento en un nivel denominado “Medio Alto”; y en 2021, se tuvo el Tercer Lugar en el país, con 78.4 por ciento, como “Medio Alto”.
Sergio de Luna Gallegos, director de Planeación Municipal, resaltó que en la medición que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entre 62 municipios del país, Benito Juárez este 2022 estuvo a la cabeza, por encima de otras demarcaciones como: Mérida, Campeche, Centro (Tabasco), Othón P. Blanco y Holpechén.
Informó que durante la instalación del Comité Municipal del PbR-SED, se dieron a conocer los resultados a nivel nacional por sección, por lo que después de esos dos primeros indicadores cumplidos al 100 por ciento, le siguen Presupuestación, cumplido en un 90 por ciento con lo que se posiciona en Segundo Lugar Nacional, así como Programación y Consolidación, con avances del 87.50 por ciento y 75 por ciento, que en ambos casos representan el Tercer Lugar Nacional.
Explicó que el Comité PbR-SED 2022-2024 es un órgano colegiado integrado por varias dependencias, que vigilarán la operación de dicho modelo al implementarse la Gestión para Resultados (GpR), para que a su vez se logre entregar bienes y servicios a la ciudadanía de manera más eficaz, de calidad y que produzca cambios sociales.
De esta forma, se hace una valoración objetiva del desempeño de los programas y políticas públicas, a través del seguimiento y verificación del cumplimiento de metas y objetivos, para conocer de manera transparente los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social de los programas, para aumentar la productividad en los procesos gubernamentales.
