La fiscalía del Estado, en capilla

El Minotauro

Por Nicolás Durán de la Sierra

Aunque hasta ahora no hay declaración formal alguna de la próxima gobernadora Mara Lezama respecto de la permanencia o no de Oscar Montes de Oca como fiscal del Estado, es probable que siga en su cargo al menos los primeros meses y no por su discutible desempeño, sino porque no se dispone aún de los mecanismos que permitan su remoción.

No será tarea fácil la que le aguarda, pues su remoción estará en manos de los diputados por entrar, pues serán ellos los que buscarían la forma de abrir la ruta de un nuevo fiscal. La XV Legislatura, la manejada por Eduardo Martínez Arcila, lo designó fiscal por nueve años, es decir hasta diciembre del 2027, lo que es un verdadero despropósito, por decir lo menos.

No sólo han menudeados las acusaciones en su contra por presuntos actos de corrupción, sino que su labor al frente de la seguridad pública ha sido paupérrima. La violencia criminal es el pan de todos los días en el Estado, sobre todo en la zona norte, y no hay señales de mejoría a la vista. Cancún está entre las diez ciudades más violenta del país.

En la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI, Cancún ocupa el octavo lugar entre las 90 ciudades estudiadas. La percepción de inseguridad alcanza el 88 por ciento, mientras que otros destinos turísticos como Puerto Vallarta tienen un 26.6 por ciento, o Los Cabos, en Baja California, con apenas el 20 por ciento. Algo no funciona en el Estado.

Sobra decir que la próxima legislatura no sólo tendrá la tarea de allanar la ruta de la renovación de la Fiscalía General del Estado, sino también la de modificar el decreto que determina en nueve años la temporalidad de la fiscalía, es decir, más de un sexenio; tendrá que corregir las pifias cometidas por las legislaturas que le precedieron. Tendrán trabajo y mucho.