“La violencia contra mujeres y niñas, requiere de un tratamiento estructural, esa violencia no es ajena, es constitutiva y para lograr su erradicación requerimos hacer política y tener derechos. Gracias a que el voto de las mujeres fue reconocido hace 69 años, conmemoramos ese maravilloso aniversario por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas y de todos los niños y los jóvenes y los hombres y las mujeres, el derecho a vivir en paz”, estableció.
En este sentido, dijo que el feminicidio es un crimen de Estado, “porque está implicado en la reproducción de la violencia y en la reproducción de las desigualdades”.
Lagarde celebró la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya que establece el derecho a nombrar delito esta violencia política “permite prevenirla, identificarla, contrarrestarla y oponernos democráticamente a esa violencia”, apuntó.
Por su parte, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello estableció que “la lucha por la democracia es también una lucha del feminismo, y la lucha del feminismo es también una lucha por la democracia”, por lo que la agenda feminista es la defensa de la democracia frente a los aires de regresión que están en el mundo.
El 69 aniversario del voto de las mujeres, añadió, es un día para celebrar los avances, pero también para plantear los desafíos de los cuales mencionó tres, como la falta de paridad a nivel municipal, la violencia política que sigue siendo una asignatura pendiente y el que “la democracia o es feminista o no es democracia”.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Norma De la Cruz Magaña subrayó la importancia de seguir avanzando y transformando para que el ejercicio pleno de derechos de la ciudadanía se dé en libertad y en paz.
Coincidió con Lagarde en cambiar los patrones de comportamiento sociales, estructurales que permiten que mecanismos de discriminación y de exclusión se sigan reproduciendo, “despatriarcalizar la política, no sólo a la hora de ejercer el voto, sino a la hora también de ejercer el cargo”.
Por su parte, en la sede del TEPJF se llevó a cabo, en colaboración con el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, el INE y el Instituto Nacional de las Mujeres, un foro de reflexión sobre las aportaciones de mujeres líderes para consolidar la paridad de género en los órganos de representación a nivel federal, local y municipal, los avances y retos de las políticas públicas en materia de igualdad que garanticen el acceso de las mujeres a cargos de elección popular y el desempeño del cargo en contextos libres de violencia política en razón de género.
En el foro denominado “69 Aniversario del Voto de las Mujeres en México. Del Derecho del voto a la paridad total, camino a la igualdad sustantiva”, los participantes dialogaron en tres paneles de trabajo sobre el fortalecimiento de la vinculación de las instituciones con diversos públicos, fomentando la difusión de la labor que se realiza a favor de los derechos político-electorales de las mujeres.
El magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, subrayó que el estado de las mujeres define el de la democracia, por lo que su exclusión en puestos de toma de decisiones es el reflejo de una democracia defectuosa, mientras que su inclusión la fortalece con su voz y perspectivas.
Rodríguez Mondragón dijo que el Tribunal Electoral seguirá trabajando para que la igualdad plasmada en la Constitución sea efectiva para las mujeres, y señaló que así como se concretó el derecho al voto de las mujeres, la paridad en el ámbito político es una nueva oportunidad para apostar por la unidad en torno a las causas de igualdad, justicia y libertad.
A su vez, la magistrada Mónica Soto dijo que las mujeres no sólo quieren incidir, sino decidir en los cargos de poder, por lo que las instituciones electorales administrativas y judiciales están obligadas a lograr que se cumplan las acciones afirmativas y que se plasmen en la cotidianidad.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, destacó que si bien la paridad hoy es una realidad, aún subsisten resistencias que se reflejan principalmente en la violencia política contra la mujer en razón de género, la cual -dijo- se deberá combatir y poner atención desde las instituciones, ciudadanía y tribunales.
La democracia, subrayó, no es total si no se respeta la participación de las mujeres en los cargos públicos y toma de decisiones.
El magistrado del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, dijo que en los últimos 69 años se ha vivido un tránsito lento en la cultura de la paridad, por lo que es necesario transformar las cuotas de género a una cuestión natural y no obligada. Reconoció que las normas constitucionales en la materia han sido fundamentales para el avance, aunque existe una ausencia de la cultura de paridad en donde la mujer no ha sido acompañada en su lucha, por el hombre.
En tanto, la titular del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, dijo que el compromiso que se tiene es realmente lograr una igualdad sustantiva cerrando las brechas de desigualdad.
Sostuvo que el objetivo es la paridad en todo: tener legislaturas y gobiernos paritarios y diversos donde haya mujeres indígenas, rurales, afros y de toda la diversidad. Es importante, añadió, crear las condiciones para que la paridad en todo se vuelva normal y que se puedan ejercer los cambios.
La consejera de la Judicatura Federal e integrante del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, Eva Verónica de Gyvés Zárate, destacó que la reforma constitucional que permitió el derecho al voto de las mujeres ha sido de las más relevantes en el país porque dio conciencia del valor de ellas en la vida pública.
Francisco Gerardo Camarera Espinoza, quien asistió en representación de ONU Mujeres en México, aseguró que la plena participación de las mujeres en la vida pública del país es indispensable para la existencia del fortalecimiento de la democracia, ya que la mayor participación de estas en cargos públicos significa que pueden influir en las políticas públicas y la existencia de agendas más incluyentes en beneficio del país.
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