Presupuesto y plan de desarrollo, las urgencias a contrareloj

Julian Santiesteban

Con el tiempo encima, el poder ejecutivo y legislativo deberán, en menos de dos meses, aprobar no sólo el presupuesto 2023 para toda la administración pública estatal, municipal, órganos autónomos y desconcentrados, sino además la reconformación estructural y el plan estatal de desarrollo que el equipo de la gobernadora, Mara Lezama Espinosa haya diseñado para cumplir con los compromisos de campaña y hacer efectiva la Cuarta Transformación Republicana (4T) en Quintana Roo. La tarea no sólo es complicada, sino delicadamente difícil de cumplir, considerando que se tienen, como máximo y a partir de este lunes 07 de noviembre, 80 días naturales, para tener un plan de desarrollo y, antes de que concluya el 2022, aprobarse los presupuestos señalados. El tiempo apremia.

Para el plan estatal de desarrollo, si se considera que la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, en su artículo 70, señala que el mismo debe presentarse en un plazo no mayor a cuatro meses contados a partir de la toma de posesión de la gobernadora, esto significa que la fecha límite es el 25 de enero de 2023; pero además, en el artículo 68, dice claramente que deben considerarse en su elaboración “las propuestas de los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y privado, el señalamiento de estrategias y políticas congruentes entre sí”,  es decir, que a partir de este lunes 07 de noviembre, restan tan sólo 80 días para convocar a los respectivos foros ciudadanos, integrar las propuestas que surjan y elaborar el documento y someterlo a aprobación del L. Todo ello, por cierto, considerando también el acuerdo de austeridad a que se ha comprometido la administración ya en marcha.

¿Dónde radica la complicación? Fundamentalmente en los tiempos, pues el Ejecutivo debe someter al Congreso el documento para las observaciones y adecuaciones respectivas y también los once municipios deben adecuar sus respectivos planes de desarrollo para que estén en congruencia con la visión y objetivos de la administración estatal; todo esto, a la vez que presentan sus proyectos de presupuesto para el siguiente año.

Además, en el artículo 45 de la misma ley se establece que “todos los entes públicos…informarán a la Secretaría de Finanzas y Planeación, antes del 31 de diciembre de cada año, el monto y características de su deuda pública o pasivo circulante del ejercicio en curso”, lo que significa, en términos llanos, que la revisión del estado de cada una de las dependencias no sólo urge para lograr tener un diagnóstico como punto de partida, o como parte de la revisión por la administración pasada, sino para proyectar lo que será su gasto en 2023. Esto representa, sin duda, otro factor de presión y acción para los nuevos funcionarios del gabinete estatal, pues a la vez de dicho diagnóstico deberán construir el presupuesto a ejercer. ¡vaya arranque complicado! ¿ya se habrán dado cuenta? Más aun, ¿ya estarán dando pasos en firme para cumplir con la ley y los compromisos hechos desde la campaña electoral que los llevó al poder?

Por si lo anterior no fuera suficiente, en la revisión de pasivos de cada una de las entidades deberán cerciorarse que las deudas correspondan a bienes y servicios reales y debidamente fundamentados, no basta asumir que el gobierno “debe” sino que lo que pague deberá apegarse a lo establecido en el artículo 46, que puntualiza que “solamente podrán hacerse pagos con cargos al presupuesto de egresos del año anterior por los conceptos efectivamente devengados en este ejercicio, siempre que la Secretaría de Finanzas y Planeación tenga conocimiento oportuno y lo autorice”, ¡zas! Luego entonces, el discurso de que se pagará todo lo que se debe, no será un “cheque en blanco.”

Esas son las urgencias reales, los tiempos legales y las tareas por realizar, no hay tiempo que perder. El discurso de racionalidad y austeridad debe tomar forma en papel, el “Nuevo Acuerdo para el Bienestar” servir de eje rector para la administración en el quinquenio y el cumplimiento de la ley una obligación ineludible. Corre tiempo.

COMENTARIO MORBOSO 

A propósito del presupuesto y la asignación por rubros, la administración estatal ha adelantado que se priorizarán aquellos de atención directa a la ciudadanía; el diputado federal Juan Carrillo Soberanis ha dado a conocer, además, que habrá un incremento de aproximadamente el 18 por ciento con respecto al año que concluye, pero en las inercias de siempre, el sector turístico, específicamente el hotelero, ha manifestado su inconformidad ante la posibilidad de un recorte presupuestal en el gasto destinado a promoción. Cabe recordar, por cierto, que la administración anterior, dejó adeudos superiores a los 600 millones de pesos en el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQR), mismos que deberán saldarse en el futuro. Sanear las finanzas es fundamental, mantener la principal actividad económica de la entidad también, pero en el nuevo enfoque gubernamental, también debe garantizarse que el crecimiento se convierta en desarrollo y que llegue a todos los sectores sociales. Es ahí donde se fundamenta la reorientación del gasto.

Desde su campaña, Mara Lezama convocó a todos los sectores sociales y económicos a ser partícipes de una nueva forma de gobernar, cuestión que pasa necesariamente por el involucramiento directo e indirecto, por “apretarse el cinturón” todos y entender que las decisiones primeras serán el basamento para la construcción de un futuro mejor para todos. No basta pues con las reuniones con cámaras empresariales, el otorgamiento de espacios en el gobierno o la construcción conjunta de políticas públicas. Ojalá que se entienda y, sobre todo, se logren acuerdos justos y racionales; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.

Pd. Lamenta profundamente el escribiente, el fallecimiento del empresario radiofónico, Luis Alegre Salazar. Un abrazo solidario a su familia y con especial afecto a su señor padre, el licenciado Gastón Alegre López.

Pd2. Luego de esta colaboración, habrá un espacio de dos semanas de descanso, probablemente inmerecido, pero muy necesario para este periodista. Nos leemos luego de ese periodo.