DIANA ALVARADO 16 DICIEMBRE 2022.- Integrantes de la Junta Local y Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) de Quintana Roo fijaron su postura de rechazo a la reciente aprobación de cambios a las leyes secundarias electorales por las que se recortan recursos y personal de esa instancia.
En una conferencia de prensa de esta mañana, Claudia Rodríguez, vocal ejecutiva del INE Quintana Roo, sostuvo que con dichos cambios se pone en riesgo la capacidad operativa para organiza las elecciones y que éstas garantices certeza, equidad, imparcialidad y gobernabilidad democrática.
Destacó las actividades permanentes que realiza el INE Quintana Roo, como la actualización del Padrón Electoral, la tramitación de la Credencial para Votar con Fotografía de la ciudadanía en los 12 Módulos de Atención Ciudadana; la certificación de asambleas distritales de asociaciones que buscan constituirse como partidos políticos nacionales, el monitoreo de 28 estaciones de radio y televisión.
Así mismo, la instalación de las casillas para que la ciudadanía pueda emitir su voto, capacitación de ciudadanos, supervisión de los lugares para las casillas, la operación del Sistema de Información de la Jornada Electoral y del Programa de Resultados Electorales Preliminares, la coordinación del Conteo Rápido; los cómputos de las elecciones.
Además, dijo que desarrollan programas de participación ciudadana, educación cívica, promoción del voto y cultura democrática como por ejemplo Parlamento Infantil, Consultas infantiles y juveniles, Cursos y Talleres en escuelas de nivel básico, medio y superior; apoyo en organización de elecciones escolares mediante la utilización de urna electrónica.
Agregó que los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional “estamos blindados ante los intentos de cooptación de los partidos y gobiernos; nuestra única lealtad es con la ciudadanía a la que servimos”.
Claudia Rodríguez subrayó que “esta reforma rompe el consenso político logrado en 2014 para que la eficacia de las elecciones, cambia un modelo institucional probado que ha dado garantías a todas las fuerzas políticas y confianza a la ciudadanía, por un modelo que solo ofrece incertidumbre y riesgos ante la elección más grande y compleja de nuestra historia en 2024”.
“Por ello, es nuestro deber defender el derecho de la ciudadanía a vivir en democracia, y respaldar a nuestro Consejo General en todas las acciones y vías jurídicas que la Constitución establece para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del Instituto Nacional Electoral y para seguir garantizando elecciones libres y auténticas como se encuentra establecido en la Constitución”, concluyó.
