Mara, las deudas por cobrar

Julian Santiesteban

Enfocada en darle certidumbre a la administración pública quintanarroense, sin espacio para las “curvas de aprendizaje” y con un año menos de los que suelen tener los gobiernos estatales, se ha llegado el momento de que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, asuma –con datos duros- una postura clara y sin generalidades con respecto a la administración de su antecesor, Carlos Joaquín González, recién ratificado como embajador de México en Canadá.

El 26 de diciembre de 2022, venció el plazo legal para que los integrantes del actual gabinete presentaran a la Secretaría de la Contraloría Estatal (Secoes), todas las observaciones sobre el desempeño de sus antecesores, no sólo en la aplicación de los recursos públicos, sino también en el desarrollo de los procesos respectivos, de manera tal que, si fuera el caso, se apliquen los correctivos que correspondan. Hasta ahora y, en el entendido de que lo entregado deberá aun evaluarse y fundamentarse, no se ha informado nada al respecto. Mesura y profesionalismo, antes que anuncios sensacionalistas; pero llegado el momento, transparencia y aplicación de la ley, para que el “cambio verdadero” sea una realidad tangible y acreditable, más que un diseño discursivo.

Justamente en ese contexto es que el escribiente afirma que la postura asumida por la administración iniciada el 25 de septiembre de 2022 tendrá que ser clara, pues si no hay nada por corregir, no hay nadie a quien sancionar y, en general, todo lo realizado entre 2016 y 2022 estuvo apegado a la legalidad, no habrá recriminación posterior que valga, ni factor alguno que impida cumplir los compromisos hechos para el desarrollo de los quintanarroenses. Por cierto, el 24 de este mismo mes, es decir, en menos de tres semanas, se deberá cumplir con la obligación legal de presentar al Poder Legislativo y a la ciudadanía, el plan estatal de desarrollo y, en el diagnóstico que fundamenta los objetivos a alcanzar, el escribiente planteó, en la columna anterior, que los indicadores locales son terribles, evidencian que el turismo, ciertamente, es una actividad económica consolidada, pero que los gobiernos anteriores no han atinado a diseñar políticas públicas que generen un beneficio social acorde al dinamismo económico, por el contrario, los esquemas neoliberales han hecho a los ricos más ricos y, a los pobres, cada vez más pobres y en mayor porcentaje poblacional.

La gobernadora Lezama Espinosa parece ya haber vislumbrado los tiempos que se acercan y los plazos que se llegan, y ha hecho anuncios velados que permiten proyectar que habrá orden y rumbo. Por ejemplo, el viernes de la semana que concluyó, en el séptimo aniversario de la creación del municipio de Puerto Morelos, sin decir nombres concretos, aseveró en su discurso que esta demarcación se ha sobrepuesto a los malos gobiernos que ha tenido, ahora de la mano de una “mujer fuerte, con principios firmes y proyectos claros”, apoyando en el discurso a la actual presidenta municipal, Blanca Merari Tziu Muñoz, pero más para contrastar con el pasado (porque vaya que el actual gobierno portomorelense muy poco se diferencia del anterior), el quinquenio perdido de Laura Fernández Piña.

La mandataria no se refirió a ningún tema en específico, como los fallidos –pero intentados- contratos por Asociación Público Privada (APP) otorgados a empresas vinculadas con el marido de la ahora diputada federal, Carlos Moyano Menchaca, pero al recordar esos “malos gobiernos”, revivió un tema que fue multicitado en la campaña electoral, cuando Fernández Piña contendió por la gubernatura, abanderada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD). ¿Qué ha pasado pues con las denuncias por uso irregular de recursos públicos, el ejercicio irregular también de la función pública o las prestaciones sociales descontadas al personal de aquel ayuntamiento, pero nunca enteradas a las instancias federales correspondientes? ¿Aún estará vigente la orden de aprehensión en contra del cónyuge de la ex munícipe? Porque nada se ha sabido hasta ahora.

Ahora que la coyuntura nos permite recordar que hay pendientes en Puerto Morelos, ojalá también se avance en las investigaciones que, se supone, existían; con respecto a la vinculación de la legisladora federal Fernández Piña con supuestos criminales como Florian Tudor o algunos otros grupos de la delincuencia organizada; pero el caso de ese municipio es tan sólo uno de los once cuyos candidatos y candidatas –ahora autoridades en funciones- prometieron denunciar y sancionar las irregularidades, ¿qué ha pasado entonces? ¿Cuál es el avance? ¿Ya se ha corregido el rumbo y aplicado los correctivos correspondientes? Y, sobre todo, ¿Las finanzas municipales gozan ya de la estabilidad necesaria para garantizar a la ciudadanía los servicios que demandan, merecen y por los cuales pagan con sus impuestos? Las respuestas están a la vista.

Luego entonces, ahora que el 2023 ha iniciado, en la víspera del proceso electoral en el que se renovará la presidencia de la República, diputaciones federales, senadurías, diputaciones locales y también las alcaldías, ¿Hay algo que informar hasta ahora? ¿Algún gobierno municipal tiene la tranquilidad de buscar la ratificación en las urnas, con la certeza de haber cumplido la tarea? Ahora que se evaluará la administración estatal, se presentará el plan estatal de desarrollo y se echarán a andar las políticas públicas de este quinquenio, es momento propicio para recordar los pendientes y los compromisos no cumplidos, no sólo para avanzar, sino también para aplicar la ley a los antecesores.

Por último, es justo reconocer que las circunstancias de transición entre Carlos Joaquín González –recién ratificado como embajador de México en Canadá- y Mara Lezama Espinosa son diametralmente opuestas a cuando el diplomático recibió el gobierno, al término de la desastrosa gestión de Roberto Borge Angulo (hoy preso en el Centro Federal de Readaptación Social  número 16 de Morelos), pero no implica que no deba haber una revisión a fondo y, sobre todo, informarse a la ciudadanía sobre la situación de la administración pública. Ni anuncios para el escándalo ni “cacería de brujas”, mucho menos venganzas políticas porque confrontación no hubo; por el contrario, el entendimiento fue la constante.

COMENTARIO MORBOSO

Este fin de semana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador estuvo en Quintana Roo, para realizar la ya habitual supervisión de los avances del Tren Maya. En Chetumal, la capital quintanarroense, el mandatario federal dio una declaración que vale la pena analizar, pues el mensaje entrelíneas pudiera ser exactamente el contrario a lo plasmado por medios de comunicación locales y nacionales.

López Obrador se refirió al juicio que se le sigue al ex gobernador quintanarroense, Mario Villanueva Madrid, quien ha solicitado abiertamente ser indultado, pues además de que cumple los requisitos legales, el tiempo que ya ha purgado de condena le posibilitan solicitar su liberación. El presidente aseveró que “tiene la protección de un juez y consideramos debe permanecer en su domicilio, porque es una persona enferma. Vamos a procurar ayudarle.” Si ayuda hubiera, el mandatario hay habría entrado, por lo menos, al análisis del indulto solicitado ¿o no?

Si la voluntad fuera real, la prisión domiciliaria le habría sino ya concedida y no, como hasta ahora, sólo de manera temporal, en tanto se mantiene la pandemia por Covid 19, ¿o no? Sin entrar en las motivaciones por las que el presidente parece haber cambiado de opinión, con respecto al caso de Villanueva Madrid (pues en por lo menos tres eventos públicos en el estado, prometió justicia para el político y su familia), ¿nota entonces que, el mensaje velado, parece ser opuesto a lo expresado?. Claro, ahora no hay proceso electoral, aunque en menos de un año sí, tal vez para entonces haya nuevas promesas; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra, nos leemos en la próxima.