Julian Santiesteban
Este fin de semana se registró el terrible asesinato de cuatro empleados municipales de Playa del Carmen, en Quintana Roo. No es que los hechos de sangre sean aislados en la entidad. Lo verdaderamente preocupante, es que, en los últimos 4 años, se han registrado, por lo menos cuatro ejecuciones similares, entre el personal dedicado a la fiscalización y ordenamiento, específicamente, del comercio en la Quinta Avenida de este polo turístico, en donde el crimen organizado mantiene el control, sin que autoridades federales hayan siquiera logrado controlar esa sola avenida.
Aunque la operación del crimen organizado es tan extendida como en prácticamente todo el país, la Quinta Avenida de Playa del Carmen concentra -en sus poco más de cinco kilómetros de extensión- gran parte de la vida económica de Solidaridad, es de hecho el lugar más representativo y emblemático de toda la Riviera Maya. Ante ello, por lo menos desde 2018 ha habido múltiples publicaciones que destacan la operación del crimen organizado y no sólo con el tradicional “cobro de piso” a los restaurantes, bares y discotecas del lugar, sino con el control de locales para la venta de artesanías y otro tipo de productos ¿Se pregunta por qué particularmente las artesanías? ¿de dónde vienen? ¿qué se puede introducir en las mismas para hacerlas llegar a los destinos turísticos? Bueno, el escribiente infiere que ya podrá tener una idea de las respuestas.
“De tres disparos a quemarropa realizados presuntamente por dos sujetos que huyeron a pie, murió la noche de ayer José Enrique González Rosas, director de Fiscalización y Cobranza de Solidaridad”, es el encabezado de una nota del 28 de abril del 2018. “Ejecutan de un disparo en el pecho a un inspector de la Dirección de Fiscalización del Ayuntamiento de Solidaridad, cuando se encontraba en el fraccionamiento Tumben Chilam de Playa del Carmen”, relata la nota del 18 de marzo de 2019, en la que se adjunta la “enérgica” condena del hecho, por parte de la entonces presidenta municipal.
“El ‘Chuy’, presunto coordinador de Fiscalización del Ayuntamiento de Solidaridad, cayó sin vida al suelo, al momento del ataque vestía playera gris, short azul, gorra café y sandalias color limón; el gatillero huyó en el Aveo donde era esperado por un cómplice”, el extracto de otra que relata el asesinato, el 11 de febrero de 2021, de otro inspector de fiscalización allá en Playa del Carmen; de nombre Jesus “N”; alias “El Chuy.” ¿Nota alguna coincidencia, además de que todos eran empleados de la Dirección de Fiscalización? Si no lo ha hecho, ahora se lo dice el escribiente: Todos fueron asesinados en la administración de Laura Beristain Navarrete.
Todo lo anterior se suma al terrible hecho de este sábado: “los cuerpos torturados de cuatro empleados municipales fueron hallados en un vehículo el sábado en la ciudad turística de Playa del Carmen, en la costa caribeña de México, anunciaron autoridades estatales”, señala un medio internacional. ¿pero cuál es el motivo para las ejecuciones? Existen por lo menos dos hipótesis, una que tiene que ver con que, en realidad, los inspectores son empleados municipales, pero obedecen al crimen organizado y, el enfrentamiento entre grupos criminales, posibilita su ejecución para poder posicionarse en el sitio. Y la otra, que en realidad los empleados intentan hacer su trabajo, es decir, ordenar comercio y vida económica de la emblemática avenida, pero el crimen organizado simplemente… “los desaparece.”
Sin pretender ex culpar a la administración de Lily Campos Miranda, pues al final, valdría la pena hacer una investigación y “saneamiento” del área de Fiscalización, lo cierto es que también las autoridades federales debieran demostrar mayor capacidad de colaboración con el municipio y de control en áreas específicas de los polos turísticos. Es claro que el crimen exige “derecho de piso” en toda la mancha urbana, pero para efectos de atacar la causa principal, por la Quinta Avenida puede iniciarse… ¿será acaso imposible proteger también al personal que sí quiera hacer su trabajo? Cuidado, la más reciente ejecución, seguramente no será la única, sobre todo considerando que el titular de la Policía Municipal de Solidaridad, Raúl Tassinari, declaró que, los hechos, pudieron deberse a que “se están tocando los intereses” de los criminales, con la acción de las autoridades. Pues si el caso fuera, ojalá que las instancias federales estén listas para actuar, pues las cuatro personas ejecutadas, pudieran ser tan sólo una estadística más, de las que estarían por venir…desafortunadamente.
Y así, que valga lo ocurrido en Playa del Carmen para recordar que existen áreas en los diferentes ayuntamientos, fundamentalmente los que tienen amplia actividad turística, que conviene revisar en su operación. Las de Fiscalización en Puerto Morelos, Benito Juárez, Tulum, Bacalar, Isla Mujeres, Cozumel, sólo por mencionar, ¿estarán “limpias”? Cuidado, la operación del crimen organizado no surge de la noche a la mañana, y las ejecuciones como las ocurridas, son sólo manifestaciones finales de una podredumbre extendida.
COMENTARIO MORBOSO
En la lista de posibles irregularidades y aplicación discrecional -muy discrecional- de los recursos públicos por parte del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), se pueden contar también las cometidas por el actual titular del organismo, Javier May. En noviembre de 2021, la instancia federal compró el Hotel Axkan Arte, para “dar apoyo logístico a los servidores públicos que conforman las brigadas del proyecto Tren Maya en la zona de Tulum.” En la adquisición se gastaron 49 millones 440 mil 301 pesos; pero en mayo del 2022, se invirtieron 20 millones 162 mil 944.98 pesos más para la remodelación de ese lugar de alojamiento. En total, 69 millones 603 mil 245 pesos con 98 centavos.
Una pregunta simple, si el Fonatur desaparece ¿quién se quedará con propiedades como el señalado hotel? ¿habrá remates “a modo”, como los realizados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, como en su momento reveló Jaime Cárdenas? ¿Nota el lector todas las irregularidades que quedarán en el olvido, con el sólo hecho de intentar la desaparición de la instancia que dio vida a Cancún y otros destinos turísticos de México? Y ojo, esas irregularidades no las cometieron “los del pasado”, sino los del “presente”, declarar áreas naturales protegidas a espacios que debieran generar desarrollo es un despropósito, pero intentar “tapar” situaciones como la aquí descrita, pudiera ser incluso ilegal, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
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