Por Diana Alvarado
A fines de este mes, el Senado de la República aprobará la iniciativa “3 de 3 contra la violencia” gracias a la cual no tendrán derecho a ocupar cargos públicos o a ser postulados como candidatos a cargos de representación popular quienes tengan sentencias definitivas por agresiones sexuales, quienes hayan sido sancionados por violencia política en razón de género, y quienes que hayan sido declarados como deudores alimentarios o morosos.
La reforma, que fue aprobada en marzo pasado por 455 diputados federales y turnada al Senado, es un logro de los colectivos feministas, producto de presiones y una lucha de años. Su antecedente fue en el 2020, cuando lograron que el INE aprobara un acuerdo y lineamientos contra la violencia de género, según el cual todos los partidos políticos debían solicitar a sus aspirantes a candidatos a firmar formatos de buena y bajo protesta de decir verdad que no habían sido sentenciados por los supuestos anteriores. El problema es que el cumplimiento de dicho acuerdo se dejó a voluntad de los aspirantes y muchos simplemente no lo acataron.
Ahora, a pesar de todos los obstáculos, renuencias y negativas, la “3 de 3 contra la violencia” será ley, una que nos beneficiará a todos, mujeres y hombres. No sólo representa un avance en materia de derechos humanos sino que ayudará a que los ciudadanos tengamos mejores representantes populares y funcionarios de gobierno.
Y nadie lo puede negar porque quien se puede decir bien representado por un diputado que en tribuna critique el autoritarismo pero en su casa golpee a su familia; o por otro que en la mañana se declare respetuoso de la ley y de lasociedad pero después viole a una mujer, o por aquel que presuma de un excelente manejo de las finanzas públicas pero no mantenga a sus hijos.
La iniciativa “3 de 3 contra la violencia” se complementa con la reciente aprobación para crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios y quienes figuren en el mismo no podrán obtener su licencia de conducir, identificación oficial ni pasaporte o documento de identidad de viaje, no podrán realizar trámites ante notario referentes a la compra-venta de inmuebles y cesión de derechos. Tampoco podrán ser candidatos a cargos de representación popular, magistrados ni ministros.
