Aboneros de la desgracia

Julian Santiesteban

Pocas o ninguna vez se cumple con la ambición  

que no sea con daño de tercero 

Miguel de Cervantes 

El puente vehicular sobre la Laguna Nichupté será construido, una buena obra que, ojalá, alivie el tránsito vehicular en la zona hotelera del destino turístico más importante de Latinoamérica; pero en la decisión subyace una oscura tentación a la cual los gobiernos –o la vetusta clase política- no pueden sustraerse: El negocio, favorecer a empresas de siempre con amplísimos márgenes de ganancias, como si ello representara ingresos también para los políticos… ¿o sí reciben ingresos?

“Aboneros de la desgracia” son, desde la perspectiva del diputado Eduardo Martínez Arcila, quienes han criticado el proyecto; según su aseveración, esos mismos aboneros a todo le dicen que no, pero además asegura que, si el proyecto resultase fallido, resultará una equivocación a todos niveles de gobierno, incluido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que invertirá dos mil millones en la obra. Vaya razonamiento simplón. Cuatro administraciones estatales se requerirán para pagar la obra; se hará una licitación en la cual ganará la única empresa que presentó proyecto, recuperará su inversión y ganancia en un periodo de 28 años, por dos mil 500 millones obtendrá más de veinte mil. ¿Quiénes serán los verdaderos aboneros de la desgracia?

Lo más fácil es tomar decisiones sin pagar las consecuencias, “hágase justicia, en las mulas de mi compadre.” Por lo visto, ha “herido” mucho la comparación de la Asociación Público Privada (APP) para la construcción del puente, con la concesión hecha a Aguakán para el cobro de agua potable (vigente hasta el 2053, un enorme lastre para la economía de los quintanarroenses), pero aunque la figura jurídica sea, evidentemente, diferente, el impacto en la vida diaria de las decenas de miles de trabajadores de la industria turística es la misma. Ahora bien, el gobierno municipal de Benito Juárez, que otorgará las licencias de construcción ¿no tiene nada qué decir? Porque algunos legisladores locales que soñaban con la alcaldía, seguramente dan por canceladas sus aspiraciones, pero ¿y el actual gobierno que busca la reelección, no exigirá beneficios para sus ciudadanos?

De hecho, en la misma sesión de este sábado, diputados revelaron que habían pedido beneficios para ciertos grupos sociales, mismos que no están reflejados en el documento que les pasaron para aprobación, ¿qué les hace pensar que, aun cuando se aprueben en las siguientes etapas, no serán retirados en cualquier momento? Por eso el escribiente insistió permanentemente en que los beneficios debían ser contemplados en el decreto de aprobación, contemplarse una escala que diera más tiempo para el cobro en tanto mayor inversión se realizara, pero los diputados simplemente aprobaron sin condicionamiento alguno. Así como han criticado a sus antecesores por el tema Aguakán, así llevarán el estigma del “Nichuptazo” (término acuñado por el colega Javier Chávez).

Nunca el escribiente emite denuesto alguno con respecto a la labor de sus colegas, pero temas como estos permiten recordar que a los periodistas les alcanza la responsabilidad de mostrar los hechos, de narrar los fenómenos de impacto profundo en el entorno que describen, callar por cualquier motivo que no sea mantener la integridad física, los convierte en cómplices de lo que ocurre; en consecuencia, resulta profundamente inmoral que, “a toro pasado”, surjan críticas a quienes, en tiempo pasado, realizaron tal o cual cosa. La valía del periodismo es señalar los hechos en el momento en que ocurren. De nuevo, la concesión de Aguakán es el mejor ejemplo de ello.

El tema está lejos de estar concluido, la polémica apenas comienza, las exigencias para apoyar a los ciudadanos son asignatura pendiente, pero la “manga ancha” dada por los legisladores locales los ha colocado al mismo nivel de los que tanto criticaron; no pasa nada, lo importante es no olvidar, porque aun con licitación se beneficiará a la empresa que ya les presentó el proyecto y cobrará lo que quiera, mientras siga “motivando” legisladores. Lo dicho, esta administración inaugura, las subsecuentes pagan y los de a pie, siempre financiando.

COMENTARIO MORBOSO 

 El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo este fin de semana en el sureste mexicano, en Quintana Roo y Yucatán firmó el Convenio del Programa de Ordenamiento Territorial del Sureste, el objetivo es acabar con la corrupción, con la especulación de tierras en torno a proyectos emblemáticos como el Tren Maya y definir los planes de desarrollo en beneficio de la población. Lo malo es que, mientras todo ello ocurría, un día antes, ejidatarios de Bacalar, al sur quintanarroense, ejidatarios siguen denunciando, como lo han hecho durante el último año, que el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), si titular nacional, Rogelio Jiménez Pons, y el delegado en Quintana Roo, Raúl Bermúdez Cabrera, les siguen exigiendo mil hectáreas de tierra para desarrollo, con el pretexto de que por ahí pasará la emblemática obra.

De hecho, el presidente del Comisariado Ejidal, Luis Chimal Balam, dijo que luego de que evidenciaron el intento de apropiación de tierras, ninguna autoridad de Fonatur se les ha acercado de nuevo. Los bacalarenses temen quedar marginados, pues aseveran que las hectáreas solicitadas son para crear un nuevo centro de población, concentrando ahí el desarrollo y dejando en el olvido la zona ya urbanizada. Como nota el lector, el discurso aguanta todo y convenios múltiples podrán firmarse, pero en proyectos emblemáticos, el acaparamiento de tierras proviene de los mismos funcionarios de la 4T, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.