Aguakán, el extraño silencio

Julian Santiesteban

¿Por qué no hay nadie agradeciendo a la ciudadanía del norte de Quintana Roo haber rechazado la permanencia de Aguakán como concesionario de agua potable? ¿Por qué no se ha resaltado la alta participación para permitir que el Congreso de Quintana Roo inicie el proceso administrativo de revocación? ¿Por qué no se pone en relevancia que, la primera consulta pública en el estado ha sido exitosa? La respuesta parece obvia, porque el tema ya no es electoral, ahora es una exigencia que se tiene que cumplir por ley; aunque no se cuente con el dinero para la respectiva indemnización.

El Congreso de Quintana Roo es la instancia responsable de iniciar la revocación de la concesión a Aguakán, en el periodo ordinario posterior a las elecciones, de acuerdo al Artículo 93 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, y como la XVI Legislatura ha concluido ya todos sus periodos (aunque esté por convocar a uno extraordinario, pero en estos no puede abordarse el tema), corresponderá al primero ordinario de la XVII, a partir de los primeros días de septiembre de este mismo año; la responsabilidad entonces será, primero, de quien encabece el Congreso a partir del 03 de septiembre y deberá darle continuidad, aunque la empresa tenga también derecho a recurrir a la acción de la justicia para intentar permanecer en el estado.

El mismo artículo de la señalada ley establece que “Dentro de los tres años contados a partir de la publicación de las adecuaciones normativas pertinentes que se realicen para cumplir con el sentido del referéndum, el Poder Legislativo no podrá expedir disposiciones normativas que contravengan el sentido de la opinión expresada en el proceso de referéndum, salvo por mandato judicial o cuando la Constitución Federal imponga la obligación de hacer adecuaciones al marco legislativo local en ese sentido”; así que la “trampa” no cabe, a menos que el proceso se realice deliberadamente para perder; en cuyo caso se habrá cumplido con la ley, pero no con más de cien mil ciudadanos que exigen la salida de Aguakán, pero que además acudirán a las urnas de nuevo en dos años. Por eso el “extraño” silencio resulta más que sospechoso.

Ya desde marzo, el escribiente advirtió que, dadas las condiciones políticas imperantes, pareciera que la intención era “matar la consulta” (https://www.contracorriente.net/2022/03/23/aguakan-matar-la-consulta-ciudadana/), pero a pesar de la poca difusión de la misma, por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo y que nadie reclamó el hecho, el enojo popular fue suficiente para que sea vinculante en tres municipios: Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, en los que la empresa opera desde 1993 (En Solidaridad no hubo participación suficiente, y en este lugar la concesión está vigente desde diciembre de 2014). El resultado oficial fue dado a conocer el miércoles pasado y, aunque la consejera presidenta del Ieqroo, Mayra San Román Carrillo Medina, aseveró que Aguakán está en posibilidad de impugnar los resultados (Artículo 96 de la Ley de Participación Ciudadana), es de esperarse que la concesionaria recurra a su defensa hasta que el proceso sea administrativo y no un tema eminentemente electoral. Por lo menos, hasta este fin de semana que concluyó el plazo para ello.

Luego entonces, a partir de este lunes, se tienen 72 días para agradecer a la ciudadanía, para anunciarle que se hará lo necesario para que Aguakán se vaya (sin simulaciones), de acuerdo a la voluntad ciudadana; porque a partir del 03 de septiembre, desde la Legislatura, habrá “comisión especial”, grupos de trabajo, convocarán a la coordinación entre autoridades y comenzarán las gestiones para contar en el presupuesto estatal del 2023, con los recursos necesarios para la indemnización, aunque el proceso legal se extenderá, seguramente, mucho más allá de ese año y, por esas cosas de la “justicia acordada” en México, probablemente hasta después del 2024; pero lo importante será estar ahí, para mantener el tema permanentemente en la agenda pública, y no sólo durante los procesos electorales.

COMENTARIO MORBOSO 

 La gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, durante su campaña se reunió con cámaras empresariales de todo el estado e invitó a sus integrantes a sumarse a su proyecto, a construir soluciones en conjunto para los problemas que aquejan a la entidad –que no son pocos-; y los empresarios le tomaron la palabra, tanto en el norte como en el sur, los organismos han anunciado que presentarán información de personajes a los que consideran aptos para integrarse al gabinete “marista”, a partir de que la mandataria tome protesta, el 25 de septiembre próximo.

Lo interesante será ver las posiciones que se asignen a los recomendados de los empresarios y las soluciones que estos aporten a los problemas; pues no se trata únicamente de entregar posiciones que sean meramente testimoniales, como tampoco que se asignen espacios clave, en las que los empresarios se “pongan” proyectos “de pechito”; porque tanto una como la otra, son situaciones indeseadas, que poco aportarían al avance administrativo y de gobierno, pero tampoco son irreales. Baste ver las dirigencias de cualquier organismo empresarial y lo “beneficiados” que resultan sus titulares, en su cercanía con un gobierno cualquiera.

Así, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, dice el refrán popular; pues al final, gobernanza  es la que se debe construir, pero para beneficio de todos, no sólo de “sectores”, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.