Nicolás Durán de la Sierra
Tras el anuncio días atrás del Plan Hídrico Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, proyecto que busca, en lo toral, garantizar el acceso al agua potable a toda la población y luego, con la suma de la gobernadora Mara Lezama al dicho plan, pareciera que está próximo el fin de Aguakán en Quintana Roo, al menos en su operación actual, que es la que puso en entredicho a la empresa.
Esto, claro, aparte de los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltas la propia empresa y figuras aún vigentes de la política estatal.
El anuncio presidencial en la capital del país es no sólo la concreción de una política iniciada en el sexenio anterior, sino también la cúspide de acuerdos de alto nivel con las empresas del ramo, entre ellas el holding BlackRock firma que administra fondos de inversión en todo el mundo, y a la que se liga con Aguakán, entre otras concesionarias de agua potable en México.
Cabe destacar que el plan hídrico abarca un amplio espectro, no sólo las concesiones, como por ejemplo la instalación de dos plantas desalinizadoras que impulsa el gobierno de Mara Lezama en Holbox y Cozumel, o el uso de paneles solares para facilitar el suministro del líquido en áreas rurales del Estado; se trata, pues, de un proyecto señero del nuevo gobierno federal.
El problema con Aguakán no está en el servicio en sí, aunque esto no signifique que su operación sea óptima, sino en el abusivo costo del abasto del líquido en el norte estatal, y hete allí uno de los puntos críticos: el regulador de la empresa es el congreso, pues este fija el costo del abasto, y la amplitud de la concesión; esto es, que la empresa requiere del aval oficial.
La maniobra más turbia entre concesionaria y el poder legislativo, la que originó la posible salida de la primera, ocurrió en el 2013, en el gobierno de Roberto Borge, cuando la XIV Legislatura, liderada por José Luis Toledo, amplió la concesión de Aguakán hasta el 2053; la empresa alega que, en contraprestación al gobierno estatal de entonces, abonó mil 50 millones de pesos, sin que hasta la fecha se sepa dónde están.
La disputa está en tribunales, enfangada sin visas de pronta solución, en un “punto muerto” que permite a Aguakán seguir operando. El trance rebasó la esfera de la legislatura actual en su afán por revocar la concesión hasta el 2053. Es aquí donde el dicho plan puede ser la salida al conflicto al regular desde la federación el costo y abasto del agua.
Quizá la solución del problema con Aguakán no sea retirarle la concesión, sino regular su servicio desde el poder federal, el que puede negociar, por ejemplo, con entes poderosos como BlackRock.
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