De manera inusitada, tratándose de quien se trata, ayer los dos diputados de Acción Nacional presentaron una iniciativa de reforma a la constitución local no solo para incluir en ella el derecho al agua, sino también y aquí lo toral, para prohibir la privatización del líquido y sus servicios en cualquier modalidad, es decir, propone una cláusula tabú para el gobierno estatal.
Este ha sido un tema difícil de abordar no sólo para este gobierno, cuyo arbitrio esta acotado el poder federal -no le queda de otra- sino también para el pasado gobierno, al inicio de la ruta formal para la muy futura expulsión de Aguakán del Estado, y digo muy futura pues el litigio será largo, que detrás de esta empresa hay intereses gigantes como los de BlackRock.
El prohibir una nueva privatización del servicio de agua potable es una buena idea porque supone (es lo que se espera) que los precios del insumo bajen o al menos que ya no suban. Desde hace tres años, en Cancún se paga el agua más cara de México con casi 61 pesos por metro cúbico, según la Conagua; en el norte estatal cuesta más que en las zonas desérticas del norte del país.
El abusivo costo del agua potable es el problema central para poco y más de dos tercios de la población estatal, y este, por desgracia, no tiene trazas de resolverse en el corto plazo. La propuesta de congelar sus precios en lo que se dirime en lo legal la salida de Aguakán, no fue siquiera considerada por el congreso, el que de seguro está ocupado en las sumas y restas de sus haberes.
El asunto de Aguakán no se trata de un conflicto entre el Estado salvador y una criminal empresa, pues por años ambas instancias fueron cómplices del abuso y estos son los resultados. La propuesta panista no debe ser olvidada, pues en la privatización radica el origen de este problema y de muchos otros que alienta el propio gobierno como la del alumbrado y la salud públicas.
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