Aguakán ¿”matar” la consulta ciudadana?

Julian Santiesteban

Cancún, el principal destino turístico del país, tiene la tarifa de agua potable más cara de México, un dato que no es menor, si se considera que, el próximo 05 de junio, a la par de la jornada electoral en la que se renovará la gubernatura y las diputaciones locales, se realizará también la consulta pública para conocer si los ciudadanos consideran que Aguakán, la empresa concesionaria del servicio, debe permanecer brindándolo. Pero el tema es mucho más complejo, pues los impulsores de la medida, serán los responsables de resolver el futuro de la empresa y, a la vez, mejorar el servicio y las tarifas. Bomba de tiempo.

Por partes, la senadora con licencia y ahora primera aspirante a diputaciones plurinominales del Congreso local, Marybel Villegas Canché, impulsó lo que será la primera consulta pública en la historia de Quintana Roo. Las firmas requeridas para realizar el ejercicio eran unas 18 mil, correspondientes al 3 por ciento del Padrón Electoral del 2021. Se alcanzaron unas 35 mil y fueron entregadas al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo). Ahora, para que la determinación sea vinculante, es decir, que la voluntad ciudadana tenga que llevarse a cabo, se requiere el 35 por ciento de dicho padrón, lo que representa unos 120 mil ciudadanos que decidan que sí desean que a Aguakán se le retire dicha concesión.

Y es a partir de aquí que el tema se pone interesante. Primero, porque Villegas Canché –repite el escribiente, la impulsora de la consulta- ha sido señalada como la futura coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en la XVII Legislatura, Poder estatal que será el responsable de aprobar los recursos para indemnizar a Aguakán, si el caso fuera que se obtiene mayoritariamente el “Sí” en las boletas. ¿Y si el gobierno quintanarroense no cuenta con los recursos para pagarle a la empresa? Más aun, en la siguiente legislatura, estará también como diputado, pero de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el que durante todo el sexenio que está por concluir fue el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Gerardo Mora Vallejo. La postura de Mora Vallejo no podrá ser diferente a la de Villegas Canché, no sólo porque la administración a la que pertenece utilizó la revocación de concesión como “bandera” electoral, sino porque él mismo sancionó a la empresa de manera recurrente por diversos incumplimientos, recomendó permanentemente al Congreso que procediera con la revocación y, en suma, porque el gobierno estatal mantuvo permanentemente demandada a Aguakán.

¿Cuáles opciones se tienen? Dos son las más visibles, enfrentar el tema, iniciar la revocación, a sabiendas de que la empresa recurrirá legalmente la medida y se llevará a cabo el litigio, mismo que pudiera llevarse todo el quinquenio por transcurrir y, en caso de que no tardara tanto el proceso, al final, la empresa deberá ser, de cualquier manera, indemnizada. La cifra estaría aun por calcularse, pero con la enorme carga de deuda que enfrenta Quintana Roo y la consecuente poca liquidez, no se observa sencillo el futuro para la administración estatal; de hecho, pudiera ser uno de los principales problema a resolver, si se considera que, a la par de la indemnización, deberá seguir dotando del servicio de agua potable y alcantarillado a la zona norte quintanarroense y reducir además las altas tarifas que se pagan, para homologarlas con el resto de la entidad.

La otra opción, que parece la más sencilla, pero sin duda será una derrota política –aunque puede ser el daño menor-, será de plano “matar” la consulta. Inhibir la participación ciudadana, salir por la puerta del “no se juntaron las opiniones necesarias” para modificar la situación legal de la empresa, que Aguakán siga brindando el servicio y que, finalmente, el casi un millón de habitantes de Benito Juárez siga padeciendo los excesos que hasta ahora sufren.

Como podrá notarse, ese será uno de los temas en el que no necesariamente coincidirán la candidata de Morena a la gubernatura, Mara Lezama Espinosa, y su muy probable coordinadora en el Congreso local, Marybel Villegas Canché; pero sin duda, en la víspera del inicio de las campañas electorales y con la muy probable llegada de la Cuarta Transformación Republicana (4T) al gobierno estatal, por estas horas, ambas deben tener ya una postura definida. Como tarea periodística, y hasta como tema para los opositores, conocer esa opinión, es fundamental para dimensionar la cohesión del proyecto y, en suma, poder hacer la prospectiva de lo que pudiera hacerse en el próximo gobierno. Insiste el escribiente, ese es sólo el primero de los temas.

COMENTARIO MORBOSO 

 A menos de dos semanas de que inicien las campañas electorales por la gubernatura quintanarroense y, a pesar de las impugnaciones legales que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) ha impulsado por el recorte de más de 62 millones de pesos que le impuso el Congreso estatal, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, dijo este martes que los recursos que se le han entregado al organismo comicial son “suficientes y adecuados.” ¡ZAS!

La declaración del mandatario es de llamar la atención, particularmente porque la semana anterior estuvo en Quintana Roo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien reconoció que, aunque el organismo estatal, junto con otros 25, enfrentan recortes presupuestales, en el caso particular no está en riesgo la organización del proceso electoral. Aun así, dijo, se reunirían con el mandatario estatal para realizar las gestiones pertinentes. Si el caso fuera que la reunión se realizó, pues entonces la postura dada por el mandatario estatal este día es definitiva y definitoria: No habrá más recursos para el Ieqroo, a pesar de las medidas legales que interpongan. Sólo falta esperar, también, que nada extraordinario ocurra. Entiéndase pues que, la “bolsita” que querían hacer en el órgano electoral, simplemente no resultó; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.