DIANA ALVARADO 23 DE FEBRERO.-
Desde la promulgación de la Constitución de 1917, el país ha tenido al menos 21 reformas electorales, de las que ocho son catalogadas como de amplio alcance. Prácticamente después de cada elección presidencial a partir de 1988 hay una modificación en esta materia.
Se han ajustado desde la cantidad de integrantes del Congreso de la Unión y las fórmulas para asignar los espacios hasta la edad para votar, así como la autoridad encargada de los comicios, los requisitos para mantenerse como partido, la fiscalización y comunicación política de campañas electorales.
Los objetivos de los cambios incluso se contraponen entre cada reforma, como se muestra en un recuento de las mismas elaborado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por ejemplo, en 1963 se avaló un umbral mínimo de 2.5 por ciento de la votación para obtener “al menos cinco diputados de lista”, pero en 1977 se bajó a 1.5; después se volvió al subir a 2 por ciento en 1996 y finalmente a tres en 2014. A la par, las diputaciones plurinominales pasaron de 100 curules en 1977 a 200 en 1988.
Las primeras reformas electora-les fueron de 1946, 1951, 1963 y 1969,para después llegar ajustes de mayor alcance en 1977, 1986, 1990, 1993,1994, 1996, 2002, 2005 y 2014, esta última transformó al Instituto Federal Electoral (IFE) en Instituto Nacional Electoral (INE).
Otro cambio fue la apertura para la relección de legisladores y pre-sidentes municipales. Ese fue “uno de los mayores puntos de discusión que definen los claroscuros de la reforma político-electoral”, expone el investigador Ángel López en un ensayo publicado por el instituto electoral de Nuevo León.
Subraya que las elecciones en esoscargos “dependen de la cúpula partidista antes que el voto de la ciudadanía, además de que, en el caso de los legisladores, se deja abierta la posibilidad del trampolín político”.
En tanto, en el libro Derecho electoral mexicano a través de sus reformas, elaborado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, se señala que la mayoría de los cambios electorales han estado vinculados a un contexto social de protestas, crisis económicas o denuncias de inequidad electoral, y “uno de los denominadores comunes ha sido la falta de confianza hacia el funcionamiento de las autoridades electorales”.
Las propuestas conocidas como plan A y plan B del sexenio pasado responden a un reclamo por “procesos y autoridades electorales menos onerosos”, entre otras demandas.
