DIANA ALVARADO 21 AGOSTO 2026.- La protección de los derechos de las audiencias debe garantizar pluralidad, transparencia y libertad de conciencia, sin convertir al Estado en árbitro de la verdad ni abrir espacios para la censura o el control político de los contenidos, coincidieron especialistas durante el Foro Estatal sobre la Protección de los Derechos de las Audiencias, organizado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Quintana Roo.
El encuentro contó con la participación de Adrián Alcalá Méndez, último Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y especialista en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales; Miguel Ángel Sulub, abogado especialista en derecho administrativo, fiscalización y materia legislativa-parlamentaria, actualmente Secretario Técnico del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Carlos Ramos Padilla, periodista egresado y catedrático de la UNAM, conductor y analista en diversos medios nacionales, autor de cinco libros y ganador en varias ocasiones del Premio Nacional de Periodismo; Adriana Páramo Moguel, comunicóloga, maestra en Psicología, escritora, conferenciante y especialista en comunicación política, persuasión de audiencias, discurso y manejo de medios; y Alejandra del Río Ávila, estratega política, experta en cabildeo y medios, presidenta de PRLab México, periodista política y conferencista internacional.
El foro fue moderado por Leslie Hendricks Rubio, Presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Quintana Roo, y permitió abordar el tema desde perspectivas jurídicas, institucionales, periodísticas, comunicacionales y de estrategia pública, enriqueciendo el análisis sobre los alcances de la regulación de los derechos de las audiencias, la libertad de expresión, la rendición de cuentas y la pluralidad.
Durante el diálogo se advirtió sobre los riesgos que podrían derivarse de conceptos ambiguos en los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), particularmente cuando permitan a la autoridad determinar qué información es “veraz”, sancionar contenidos críticos o generar mecanismos de presión que conduzcan a la autocensura de periodistas y medios de comunicación.
Los participantes coincidieron en que las audiencias deben ser reconocidas como titulares de derechos y no únicamente como consumidoras de contenidos, y destacaron la importancia de proteger la libertad de conciencia consagrada en el artículo 24 constitucional, garantizando que cada persona pueda acceder a información plural, contrastarla y formar libremente su propio criterio.
Uno de los principales puntos de preocupación fue la concentración de facultades en el Estado. Se cuestionó el conflicto que representa que el gobierno pueda ser simultáneamente emisor de información, financiador de comunicación pública, regulador del ecosistema mediático y autoridad con capacidad para juzgar la veracidad de los contenidos.
También se analizaron los riesgos de que mecanismos como las denuncias anónimas masivas puedan utilizarse para presionar o silenciar a medios y periodistas, así como la posibilidad de que la amenaza de sanciones administrativas genere formas de censura indirecta y autocensura.
En materia de comunicación gubernamental, se planteó la necesidad de garantizar que el uso de recursos públicos se ajuste a los principios constitucionales de eficiencia, transparencia y honradez, así como de establecer una clara diferenciación entre información, publicidad y propaganda política.
Entre las principales propuestas surgidas del foro destacan garantizar la existencia de un organismo regulador autónomo e independiente del Poder Ejecutivo; eliminar conceptos vagos que permitan interpretaciones discrecionales; fortalecer la alfabetización mediática e informacional de la ciudadanía; garantizar el acceso a la información pública; y revisar la Ley General de Comunicación Social para establecer límites efectivos a la propaganda gubernamental.
Al respecto, Hendricks Rubio señaló que la protección de los derechos de las audiencias debe caminar necesariamente junto con la defensa de la libertad de expresión:
“Proteger a las audiencias no puede significar controlar lo que pueden escuchar, ver o pensar. El verdadero derecho de las personas consiste en tener acceso a información plural y transparente para formar libremente su propio criterio. Cuando el Estado pretende convertirse en árbitro de la verdad, la regulación deja de proteger derechos y comienza a amenazar libertades”.
Como resultado del foro, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Quintana Roo, sistematizará las participaciones, observaciones y propuestas presentadas para integrar un Pliego de Conclusiones, que será remitido dentro del periodo de consulta pública de los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
“Este foro no termina con la conversación. Queremos que las voces y argumentos que aquí se expresaron se conviertan en propuestas concretas. Desde la Barra asumimos la responsabilidad de llevar estas conclusiones a la consulta pública y contribuir jurídicamente a construir reglas que protejan a las audiencias sin poner en riesgo la libertad de expresión, el periodismo crítico ni el derecho de la ciudadanía a decidir por sí misma”, concluyó Hendricks Rubio.
Con este ejercicio, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Quintana Roo, refrendó su compromiso con la defensa del Estado de Derecho, la libertad de expresión, el derecho a la información y la construcción de instituciones autónomas al servicio de la ciudadanía.
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