DIANA ALVARADO 31 DE MARZO.-
El anonimato en redes sociales se ha convertido en el principal obstáculo para combatir la violencia digital de género, especialmente en casos de violencia política contra mujeres, señalaron autoridades especializadas en delitos electorales durante un foro del Instituto Nacional Electoral (INE).
Funcionarios de fiscalías de distintas entidades advirtieron que la posibilidad de actuar bajo identidades falsas dificulta la identificación de agresores, lo que complica las investigaciones y favorece la impunidad en este tipo de delitos.
Durante el encuentro, se destacó que este fenómeno no sólo limita la acción de la justicia, sino que además se combina con la rápida difusión de contenidos en redes sociales, lo que amplifica el daño hacia las víctimas en cuestión de minutos.
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Hidalgo, Diana Rodríguez López, subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades y plataformas digitales, para poder rastrear y sancionar este tipo de conductas.
Por su parte, autoridades de otras entidades señalaron que la violencia política digital contra mujeres va en aumento, por lo que debe ser considerada un fenómeno real que requiere sanciones en el ámbito penal.
También se alertó sobre los retos legales para castigar estos delitos, ya que muchas agresiones son realizadas por múltiples usuarios o redes de cuentas, lo que dificulta individualizar responsabilidades.
Además del anonimato, expertos mencionaron la necesidad de regular el uso de herramientas de inteligencia artificial, debido a que pueden ser utilizadas para generar contenido falso o manipulado con fines de agresión de género.
Otro de los puntos señalados fue la falta de criterios homogéneos en el país, ya que cada estado investiga estos casos de manera distinta, lo que hace necesaria una homologación nacional en materia de violencia digital.
Las autoridades coincidieron en que el fenómeno representa un desafío creciente para la democracia, ya que busca inhibir la participación política de las mujeres mediante ataques, acoso y desinformación en entornos digitales.
Con ello, se concluyó que combatir la violencia digital de género requiere no sólo reformas legales, sino también mayor regulación tecnológica, coordinación institucional y responsabilidad de las plataformas digitales, para reducir la impunidad derivada del anonimato en redes