Guadalajara, Jal. Luego de la presión social ejercida con bloqueos de estudiantes en el Periférico Norte, un plantón de ciudadanos y colectivos frente al palacio de gobierno y un enérgico repudio en redes sociales, el gobernador emecista Pablo Lemus anunció la liberación de los últimos siete de 39 detenidos el pasado domingo, durante la represión de policías estatales contra civiles que protestaban por el suministro de agua contaminada en la zona metropolitana.
En un mensaje en video, difundido en redes sociales, el mandatario declaró: “antes que gobernador soy persona, en la vida se debe saber reconocer y corregir”.
Admitió que en el operativo se cometieron “graves errores” que provocaron que la situación se saliera de control en su momento más crítico y reconoció que nunca debió emplearse agua, ni gas lacrimógeno contra la población, exponiendo a la violencia a mujeres, menores de edad y adultos mayores.
También afirmó que, si bien hubo manifestantes violentos, se identificaron excesos de policías estatales, por lo que solicitó que la investigación interna sea acompañada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) para sancionar a los responsables y garantizar la reparación del daño.
La movilización del 11 de octubre pasado congregó a por lo menos 15 mil personas, que externaron su rechazo al líquido distribuido por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, el cual llega a los hogares con contaminantes como metales pesados, heces fecales y gusanos.
Al arribar a Casa Jalisco, la residencia oficial del gobernador, que se encontraba resguardada por vallas metálicas, los inconformes fueron recibidos por cientos de policías estatales, antimotines y, de forma inédita, bomberos del estado y de los municipios de Guadalajara y Zapopan, quienes al escalar la protesta arrojaron gas lacrimógeno y chorros de agua a presión de manera indiscriminada.
Durante el desalojo, un número indeterminado de personas fue retenido ilegalmente dentro de Casa Jalisco por varias horas.
Testimonios de los afectados señalan que los policías antimotines los agredieron, además de tomarles fotografías y datos personales sin brindar atención médica a quienes sangraban por las heridas que sufrieron. Posteriormente, los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía del Estado bajo continuas agresiones físicas durante el trayecto.
La liberación de los últimos aprehendidos en el penal de Puente Grande, ayer, permitió el desbloqueo del Periférico Norte –donde estudiantes de los campus de Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara habían colapsado la circulación– y el levantamiento del plantón en el palacio de gobierno.
Por su parte, los liberados denunciaron que, pese a que 16 empleados de la CEDHJ estuvieron presentes en la manifestación, el personal del organismo presenció las vejaciones sin intervenir. En tanto, Amnistía Internacional condenó enérgicamente la actuación de las fuerzas de seguridad, calificándola como una violación a los derechos humanos.
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