DIANA ALVARADO 20 DE MAYO 2026.- Con el firme compromiso de actualizar el marco normativo del estado en beneficio directo de la ciudadanía, la XVIII Legislatura aprobó una serie de reformas en materia de justicia, combate a la corrupción, fortalecimiento municipal y educación.
En la sesión ordinaria número 30, se aprobó la declaratoria para la entrada en vigor gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta transición, que iniciará escalonadamente a partir de junio de 2026, dejará atrás el código de 1981 para dar paso a juicios orales, audiencias por videoconferencia y expedientes electrónicos. El nuevo modelo prioriza la protección de grupos vulnerables y el interés superior de la infancia.
En sintonía con esta modernización, también se aprobaron adecuaciones a la Ley del Fondo para el Mejoramiento en la Administración e Impartición de Justicia, armonizando su operatividad con el nuevo Órgano de Administración Judicial. Esta medida garantiza un manejo financiero transparente mediante informes trimestrales, sin representar un impacto al presupuesto del estado.
Por otra parte, se aprobó una reforma al artículo 161 de la Constitución Política del Estado, así como a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado, con el fin de fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción.
Asimismo, se fortalece el principio de pluralidad al establecer que dicha comisión será integrada por perfiles académicos y de la sociedad civil , garantizando en todo momento el cumplimiento estricto de la paridad de género.
Destaca la aplicación estricta de la “Ley 3 de 3”, prohibiendo que personas con sentencias por violencia de género, delitos sexuales o deudores alimentarios puedan integrar el Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Además, se establecen filtros estrictos para exfuncionarios y se vuelve vinculante la opinión de universidades y sociedad civil en la elección de sus miembros.
En la misma sesión, se aprobaron reformas a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, las cuales habilitan un mecanismo normativo para que los municipios, mediante convenios voluntarios de colaboración administrativa, puedan acceder a un 30% adicional de recursos provenientes del Fondo de Fomento Municipal federal, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante las necesidades ciudadanas.
Finalmente, se aprobó otorgar un reconocimiento formal y público al Instituto Tecnológico de Cancún con motivo de su 40° aniversario. Las y los legisladores destacaron el invaluable aporte de esta institución pionera para frenar la fuga de talentos, democratizar la educación superior y graduar a más de 9 mil 700 profesionistas que hoy son el motor económico, turístico y tecnológico de la zona norte de Quintana Roo.
