DIANA ALVARADO 24 ENERO 2025.- Las comisiones unidas de Vivienda y Trabajo de la Cámara de Diputados aprobaron hoy, con cambios, el dictamen a la minuta que les envió el Senado para reformar la Ley del Infonavit, entre cuyos puntos principales está el uso de 2.4 billones de pesos de las subcuentas de vivienda de los trabajadores, para un fondo mediante el cual se construirán espacios habitacionales de interés social.
La enmienda fue aprobada por 46 votos en favor de Morena y sus aliados –a los cuales se sumó en esta ocasión Movimiento Ciudadano–, y 10 en contra del PAN y el PRI, luego de un debate en el cual los promotores de la iniciativa destacaron que se trata de una reforma “histórica”, al tiempo que la oposición alertó que es un “atraco a los recursos de los trabajadores”, y manifestó su desconfianza en la capacidad de construcción de obras del gobierno.
En favor del proyecto, el morenista Alejandro Peña destacó que la reforma le permitirá a las personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos tener acceso a una vivienda digna que se construya en áreas céntricas, y no en zonas sin transporte, agua ni otros servicios básicos, como ocurría en anteriores gobiernos.
De igual forma, señaló que a través de la empresa filial del Infonavit que se encargará de construir vivienda, el organismo se “fortalecerá” y recuperará su sentido social, además de que su actuación será vigilada y fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para garantizar que sus recursos sean utilizados únicamente para lo que establece la ley.
Las compañías inmobiliarias, dijo, “podrán seguir construyendo en lo general, pero esta filial garantizará que se construyan viviendas de carácter social, para personas que estas empresas no volteaban a ver”.
Por su parte, Maiella Gómez Maldonado (Morena), presidenta de la Comisión de Trabajo, calificó la aprobación de la reforma como un “momento histórico”, al fortalecer al Infonavit como “un sistema de vivienda con orientación social” que le garantice el derecho a la vivienda a los sectores de menores ingresos.
Luego de detallar algunos de los principales cambios que se le hicieron en la Cámara de Diputados a la minuta que le envió el Senado en diciembre pasado, la legisladora consideró “ridículo” pensar que los 2.4 billones de pesos de las subcuentas de vivienda de los trabajadores se puedan usar para otros fines distintos a la construcción de espacios habitacionales, pues esta labor será vigilada por la ASF, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“El gobierno no ha sido buen constructor”
En sentido contrario, la priísta Laura Ivonne Ruíz manifestó su “profunda preocupación por una reforma que amenaza con despojar a millones de trabajadores mexicanos de la certeza y seguridad que representa el Infonavit”.
A decir de la legisladora, la propuesta del Ejecutivo “está plagada de medidas que centralizan el poder, eliminan la transparencia y convierten al Infonavit en una herramienta discrecional del gobierno”.
Ruiz afirmó que “algunos puntos alarmantes son la opacidad y corrupción, la creación de una empresa filial sin controles, ni auditorías vulnerables, en la rendición de las cuentas y abre la puerta al mal uso de los recursos. Estamos hablando de 2.4 billones de pesos. ¿Qué garantía hay en que este dinero será utilizado de manera responsable y en el beneficio de quienes lo generaron?”
De su lado, Lorena García (PAN) coincidió en que crear una empresa filial del Infonavit que edifique viviendas con el dinero de los trabajadores es una decisión riesgosa, pues “el gobierno no ha sido buen constructor”, como lo demuestran –a su juicio—los casos de la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” y el Tren Maya.
La diputada panista agregó que existe “poca confianza para el actual director del Infonavit”, cuyos antecedentes “nos dejan mucho que desear, con una pérdida acumulada de un billón 300 mil millones de pesos y un adeudo de 400 mil millones de pesos de pago a proveedores. Dejar en manos de Octavio Romero Oropeza el ahorro de 77 millones de mexicanos, con 2.4 billones de pesos, no nos tiene nada cómodos ni al grupo parlamentario ni a muchos mexicanos”.
Tras su aprobación en comisiones, el dictamen fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara para que continúe su trámite legislativo. Las reservas al documento, se indicó, serán analizadas por el pleno.
