DIANA ALVARADO | 27 DE JULIO DE 2026.-La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó a las llamadas “antiguas élites” y a exmandatarios de distintos países de intentar ejercer presión política sobre las instituciones mexicanas a raíz del proceso judicial que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. La dirigente rechazó los pronunciamientos emitidos por integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), quienes calificaron la detención del político panista como un acto de persecución política.
Montiel sostuvo que los señalamientos realizados desde el extranjero buscan desacreditar el funcionamiento de las instituciones mexicanas y generar presión sobre las autoridades encargadas de impartir justicia. Afirmó que el proceso contra Ruffo Appel debe desarrollarse exclusivamente conforme a la legislación mexicana y bajo la conducción de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Poder Judicial, sin interferencias externas.
La dirigente nacional de Morena aseguró que quienes hoy cuestionan las investigaciones carecen de autoridad moral para hablar sobre democracia y Estado de derecho, al considerar que durante sus gobiernos se toleraron prácticas de corrupción e impunidad. En ese sentido, reiteró que el combate a la corrupción y la aplicación de la ley deben realizarse sin importar el cargo o la trayectoria política de las personas involucradas.
Las declaraciones de Ariadna Montiel surgieron luego de que 25 expresidentes y exjefes de Estado agrupados en el Grupo IDEA difundieran un posicionamiento en el que expresaron su preocupación por la situación jurídica de Ernesto Ruffo Appel y señalaran que el caso representaría un supuesto uso político de la justicia. Morena rechazó esa interpretación y sostuvo que las investigaciones responden a hechos que son materia de un proceso penal en curso.
Montiel insistió en que la resolución del caso corresponde únicamente a los tribunales mexicanos, por lo que llamó a respetar la autonomía de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. Añadió que ningún actor político, nacional o extranjero, debe intentar influir en las decisiones de los órganos judiciales mediante pronunciamientos públicos o presiones diplomáticas.
El proceso judicial contra Ernesto Ruffo Appel continúa en la etapa de investigación complementaria, mientras la FGR mantiene las acusaciones relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles. En paralelo, el intercambio de posicionamientos entre dirigentes de Morena, representantes de la oposición y exmandatarios internacionales ha colocado el caso en el centro del debate político nacional, aunque la determinación sobre la responsabilidad del exgobernador corresponderá finalmente a las autoridades judiciales competentes.
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