DIANA ALVARADO 10 DICIEMBRE 2022.— Dos días después de la aprobación de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y el secretario ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo Molina, advirtieron que la enmienda pone en riesgo la organización y credibilidad de los comicios venideros, así como la estabilidad política y la gobernabilidad del país.
En opinión de Córdova, la reforma –apoyada por la mayoría parlamentaria de Morena y aliados– “parece ser la menos racional y responsable que hayamos visto las y los mexicanos en casi medio siglo”.
Agregó que no permitirá “se socave” el Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, cuya plantilla es actualmente de cerca de 18 mil trabajadores; llamó también a no permitir que se “dinamite” o se pierda el sistema electoral del país.
“Eliminar indiscriminadamente plazas del servicio profesional, fusionar estructuras que tienen dinámicas de trabajo intensas, diversas y en ocasiones sobrepuestas en el tiempo; aumentar el número de boletas que recibirán los presidentes de casilla y disminuir los tiempos para capacitar a quienes integrarán las casillas son, entre otras, medidas que claramente no contribuyen a la certeza de los procesos electorales”, señaló.
Sin hacer menciones explícitas, dejó entrever que combatirán al menos algunas de las reformas, en cuyos efectos, por ejemplo, está ya aprobado el cese de su brazo derecho, Jacobo Molina, de quien, al saludarlo, expresó: “Tiene un mandato constitucional, aunque algunos no se hayan dado cuenta”.
Durante la firma de un convenio con las entidades en las que habrá comicios el año entrante (Coahuila y el estado de México), indicó que los términos en que se aprobó la reforma, la madrugada del miércoles, “pueden poner en riesgo la calidad técnica de las elecciones del país, y con ello la gobernabilildad democrática que hemos conseguido”.
Mencionó que desde su creación, en 2014, el INE ha organizado 330 comicios de todo tipo y en ninguno ha habido conflictos postelectorales o fraudes.
Esos ocho años y medio, sostuvo, es el “periodo más largo de estabilidad política, de paz pública y de gobernabilidad democrática” en el país.
No se ha entendido, añadió, que las elecciones son una responsabilidad de Estado y tampoco que las reglas del juego democrático requieren del mayor consenso posible para garantizar que el día después todos acepten los resultados.
La reforma que está en proceso, dijo, todavía no concluye el trámite legislativo y ya está dividiendo a la sociedad y a las fuerzas políticas; es decir, son cambios “que están naciendo con el germen de la división, del atizamiento a la polarización…Se está gestando un problema en donde hoy no lo hay”.
Hoy le toca al Senado, añadió, actuar con prudencia y visión de Estado “para corregir el rumbo” y no colaborar en la “erosión” de las instituciones electorales “por prejuicios o eventuales rencores personales”.
Como primer orador en la ceremonia, Jacobo Molina consideró que de aprobarse la reforma en los términos actuales se “pone en jaque a la organización de las elecciones y la certeza de que la expresión ciudadana a través del voto sea respetada; con ello lo que está en juego es la credibilidad del resultado electoral y la estabilidad política de este país. En medio de todo eso, aquí estamos”.
