El gobierno de Quintana Roo se apresta a concretar el desarrollo de un añejo proyecto, que ha intentado, fallidamente, llevarse a cabo desde hace más de 15 años para desahogar el tráfico de la zona turística de Cancún, con la construcción de un puente vehicular que cruce el Sistema Lagunar Nichupté, para conectar la zona hotelera con la ciudad, obra que costará 4 mil 455 millones de pesos.
Después de innumerables fracasos, vinculados principalmente con el tema financiero y ambiental, que abarcan los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como presidentes de México, y de los gobernadores Félix González Canto y Roberto Borge, la obra se abre paso a través de un esquema de inversión de infraestructura conocido como Asociación Pública-Privada (APP) y modificaciones a instrumentos de planeación y política ambiental a nivel local.
La Agencia de Proyectos Estratégicos (AGEPRO), creada en 2017, con la entrada de la administración del gobernador, Carlos Joaquín González, ha presentado el replanteamiento para la construcción del “Puente Nichupté” -con sus 8.5 kilómetros de longitud sobre el cuerpo lagunar- como uno de los más grandes de Latinoamérica y lo inserta ahora como parte de la estrategia de reactivación económica del estado, pues estima que generará 4 mil 311 empleos directos y otros mil indirectos.
Lo anterior, implicaría mitigar más del 50% de los empleos perdidos en el sector de la construcción debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, apela el gobierno estatal.
El proyecto requerirá de una inversión que alcanza los 4 mil 455 millones de pesos, el contrato para la construcción y mantenimiento de la estructura vehicular, que incluye una ciclopista -la de mayor longitud en el mundo- será por 30 años y su fuente de pago serán las cuotas de peaje cobradas por el uso del puente.
Busca Agepro concretar aval
El 16 de julio pasado, el director de la Agepro, Eduardo Ortiz Jasso, presentó el proyecto ante el director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons; el coordinador de delegaciones del Bienestar, Arturo Abreu e integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el Congreso de Quintana Roo.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Jiménez Pons aclaró que, aunque el proyecto es bien visto por el gobierno federal, no tiene aún el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), que debe analizar el costo-beneficio de la obra.
“Siento que el planteamiento va bien, pero debe tener una lógica financiera y el gobierno de Quintana Roo debe garantizar que se tiene la capacidad económica para sacarlo adelante y que no vayan a dejar la obra a la mitad”, expresó.
Además, la Legislatura tendrá que intervenir -dijo- para aprobar el desarrollo de este puente vehicular, a fin de evitar endeudar al estado.
El funcionario federal indicó que el anteproyecto tampoco tiene el aval de Protección Civil, que tendrá que emitir una evaluación sobre las condiciones de seguridad debido a la magnitud y ubicación de la estructura, que despegará del bulevar kukulkán a la altura de hotel Ritz Carlton, hasta el distribuidor vial localizado en la avenida Luis Donaldo Colosio.
El proyecto pretende iniciarse en este año, pero no cuenta aún con autorizaciones ambientales, ni están contemplados recursos públicos estatales en el Presupuesto de Egresos de este año; tampoco aparece registrado en la cartera de “Programas y Proyectos de Inversión en Cartera” por parte de la SHyCP.
Ortiz Jasso viajará a la Ciudad de México para avanzar en estos temas y se espera que se entreviste con el titular de la dependencia, Arturo Herrera.
Sin autorizaciones ambientales
Por separado, el director de la Agepro confirmó a este diario que la obra carece de autorización de impacto ambiental, la cual pretende ingresarse -adelantó- ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la tercera semana de agosto, mediante el trámite del Documento Técnico Unificado (DTU).
Lo anterior implica que será entregada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), con el Estudio Técnico Justificado (ETJ) en un mismo trámite, para obtener la autorización de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Ocurre que el proyecto aprobado por la Semarnat el seis de noviembre del 2014, fue el Puente Bojórquez, una estructura ocho veces más corta que el Puente Nichupté, para la cual se requerían 800 millones de pesos contemplados en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI-2014-2018)
El Puente Bojórquez medía mil 206.6 metros de longitud, constaba de cuatro carriles, dos acotamientos y una franja central, soportado por 28 columnas que lo elevarían entre cinco y seis metros sobre la Laguna del mismo nombre y fue ampliamente cuestionado por organizaciones civiles y organismos científicos, por los impactos ambientales que tendría sobre el cuerpo de agua.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) intentó obtener la autorización para ese puente, en 2006 y 2008, sin éxito. El Fonatur lo intentó en 2014 y lo logró, pero la autorización quedó condicionada a la obtención de otros permisos que involucraban al Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El proyecto no prosperó y se frenó por falta de recursos, desde el 2016, de acuerdo con lo declarado el 25 de septiembre de ese año, por el entonces titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid.
Además, la vigencia de la autorización de impacto ambiental vence en noviembre del 2020.
Solución “indispensable”
Ahora, la Agepro propone desarrollar el proyecto del puente vehicular, pero no del Bojórquez, sino del Nichupté, bajo el esquema de APP, de acuerdo con la Ley de Asociaciones Público-Privadas, aprobada también en esta administración, y ubica la obra como una “solución indispensable” para resolver los problemas de movilidad de la zona turística.
“El gobierno del estado ha decidido innovar en un primer proyecto de infraestructura con inversión en Asociación Público -Privada (APP), denominado “Puente Vehicular Nichupté”, el cual traerá beneficios económicos en el corto plazo a miles de trabajadores y a sus familias”, sostiene, al señalar que los beneficios impactarán a 228 mil 576 habitantes y a 4.9 millones turistas, que anualmente visitan este destino turístico.
El proyecto fue presentado la semana pasada ante el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), cuyos integrantes lo vieron con beneplácito, pues el dinamismo de la zona turística con más de 40 mil cuartos de hotel y 190 hoteles, requiere de un acceso adicional a los dos que con la ciudad.
“Teniendo en cuenta una ocupación promedio del 81%, la zona hotelera llega a tener en un solo día hasta más de 65 mil turistas. Ante alguna situación de emergencia, el puente funcionaría como una tercera vía que permitirá una movilidad y un flujo ágil de miles de trabajadores y turistas de la zona hotelera al centro urbano de Cancún”, argumenta la Agepro.
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