DIANA ALVARADO 05 DE SEPTIEMBRE 2025.— Alejandro ‘Alito’ Moreno vuelve al centro del debate público, aunque esta vez no por sus enfrentamientos con Gerardo Fernández Noroña en el Senado, sino por la reciente aprobación en Campeche de una ley que ha sido rebautizada con su nombre, pese a que fue impulsada y votada por legisladores de Morena.
El jueves 4 de septiembre, el Congreso de Campeche aprobó la reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de Propiedad, conocida mediáticamente como “Ley Alito”, con 18 votos a favor y 13 en contra.
La iniciativa impulsada por la gobernadora Layda Sansores provocó una oleada de críticas entre legisladores de la oposición, incluido el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al considerar que vulnera derechos fundamentales vinculados a la propiedad privada y abre la puerta a un uso político de las expropiaciones.
¿En qué consiste la Ley ‘Alito’ Moreno que se aprobó en Campeche?
La reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de Propiedad fue presentada como una actualización a una norma vigente desde 1981, con la intención de alinearla con criterios federales y responder a necesidades relacionadas con infraestructura, vivienda social y crecimiento urbano.
El nuevo marco otorga al gobierno estatal mayores atribuciones para declarar un predio como de utilidad pública y proceder a su expropiación en un plazo limitado, lo que ha generado inquietud entre diversos sectores políticos y sociales.
Los propietarios que resulten afectados dispondrán únicamente de cinco días hábiles para responder a la notificación inicial de expropiación.
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En caso de no hacerlo, podrían perder la posesión legal de sus terrenos. La ley excluye cualquier recurso administrativo, por lo que la única vía de defensa legal es el juicio de amparo.
La indemnización por expropiación podrá cubrirse en abonos durante un periodo de diez años, en contraste con el plazo máximo de 45 días que establece la ley federal.
El avalúo se basará en la última transacción del bien, sin considerar plusvalía ni mejoras, lo que genera preocupación por posibles pagos bajos a los propietarios.
¿Por qué se le llamó ‘Ley Alito’ a la reforma de expropiación aprobada en Campeche?
Aunque la oposición retomó el nombre para criticarla, el apodo ‘Ley Alito’ surgió originalmente desde el propio bloque oficialista. Fue el diputado local de Morena, Carlos Ucán, quien en tribuna relacionó la reforma con Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche y actual dirigente nacional del PRI.
Carlos Ucán afirmó que la reforma permitiría al Estado recuperar terrenos que Alejandro Moreno habría adquirido a precios ínfimos, como aquellos comprados a 30 centavos el metro cuadrado, y sobre los que construyó una residencia valuada en más de 300 millones de pesos.
Por ello, el diputado de Campeche sostuvo que la nueva legislación permitiría expropiar esos terrenos con fines de obra pública y que, en teoría, la compensación para Alejandro Moreno correspondería al mismo precio que él pagó en su momento.
La gobernadora Layda Sansores aseguró que la reforma es una herramienta legal para detonar el desarrollo económico en zonas estratégicas del estado. También sostuvo que las expropiaciones no serán discrecionales, sino que responderán a criterios técnicos y prioridades sociales.
¿Qué dijo Alejandro Moreno sobre la Ley ‘Alito’?
Alejandro Moreno, quien enfrenta un proceso de desafuero en su contra, criticó con severidad la reforma y la calificó como un acto de autoritarismo por parte de Layda Sansores y Morena. Comparó la iniciativa con mecanismos aplicados en regímenes como el de Hugo Chávez en Venezuela.
Afirmó que la ley está diseñada para intimidar, despojar e intervenir políticamente en el patrimonio de quienes no comparten la ideología del gobierno. “Esa ley grotesca es el rostro autoritario de Morena. Intenta intimidar a los ciudadanos y expropiar sus casas, como en Venezuela”, declaró el senador priista.
Moreno también denunció la forma en que se aprobó la reforma en Campeche, a través de un procedimiento exprés, sin consulta pública y con apenas ocho días desde su presentación en el Congreso local.
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