DIANA ALVARADO 22 DE MAYO.-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa de reforma electoral que busca impedir que personas vinculadas con el crimen organizado puedan convertirse en candidatas a cargos de elección popular.
La propuesta fue enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y contempla la creación de mecanismos de verificación para que partidos políticos, autoridades electorales y organismos de inteligencia revisen antecedentes de aspirantes antes de formalizar candidaturas.
La iniciativa plantea la conformación de una Comisión de Verificación e Integridad de Candidaturas, integrada por consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que trabajaría en coordinación con:
Fiscalía General de la República (FGR)
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
El objetivo será detectar posibles riesgos razonables de vínculos entre aspirantes y organizaciones criminales, particularmente en municipios y regiones donde se han documentado casos de infiltración del narcotráfico en gobiernos locales.
Sheinbaum explicó que la iniciativa surge tras diversos casos recientes relacionados con alcaldes y funcionarios investigados por presuntos nexos criminales en estados como Jalisco, Morelos y Estado de México.
La mandataria sostuvo que la intención no es violar derechos políticos ni generar persecuciones, sino fortalecer la integridad de las elecciones y evitar que el crimen organizado influya en la vida pública del país.
La propuesta establece que los partidos políticos entregarían voluntariamente listas de aspirantes para revisión y, con base en los resultados obtenidos, asumirían la responsabilidad de decidir si registran o no determinadas candidaturas.
Además, la iniciativa incluye modificaciones para que la “intervención criminal” y la posible injerencia extranjera puedan convertirse en causales graves dentro de los procesos electorales.
Morena y sus aliados han señalado que rumbo a las elecciones de 2027 será prioritario blindar las candidaturas mediante encuestas, investigaciones y filtros éticos para evitar casos de corrupción, nepotismo o narcopolítica.
La oposición ha solicitado conocer los alcances jurídicos exactos de la iniciativa y advirtió que deberá existir claridad sobre los criterios de investigación para evitar discrecionalidad política o violaciones a la presunción de inocencia.
El debate ocurre en medio de una creciente discusión nacional sobre seguridad, crimen organizado y presunta infiltración criminal en gobiernos municipales y estatales, particularmente tras las acusaciones realizadas desde Estados Unidos contra funcionarios vinculados a Sinaloa.
