DIANA ALVARADO | 17 DE JULIO DE 2026.-La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, responda a una persecución política y aseguró que el caso es resultado de una investigación realizada durante más de un año por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una presunta red de contrabando de combustibles.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que las investigaciones fueron integradas con base en pruebas y que la orden de aprehensión fue emitida por un juez federal. Subrayó que el Gobierno de México no interviene en las decisiones del Ministerio Público ni del Poder Judicial, por lo que descartó cualquier intención de utilizar la justicia con fines políticos.
Sheinbaum señaló que, si Ernesto Ruffo considera que es inocente, tendrá la oportunidad de demostrarlo durante el proceso judicial. Añadió que corresponde a los jueces determinar su situación jurídica con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía y los argumentos de la defensa.
La presidenta respondió así a las críticas formuladas por dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) y por el expresidente Felipe Calderón, quienes calificaron la captura como un acto de justicia selectiva. Sheinbaum insistió en que la investigación inició mucho antes de la detención y que las autoridades actuaron conforme al marco legal vigente.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la investigación forma parte de una estrategia nacional para combatir las redes de huachicol fiscal, una modalidad de contrabando de combustibles que genera millonarias pérdidas al erario. Precisó que el caso involucra a diversas personas y empresas, por lo que las indagatorias continúan y podrían derivar en nuevas órdenes de aprehensión.
La detención de Ernesto Ruffo ocurrió el 16 de julio en Baja California por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible. Con este caso, el Gobierno federal reiteró que las investigaciones contra redes dedicadas al tráfico ilegal de hidrocarburos se desarrollan con base en pruebas y sin distinción de filiaciones políticas.
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