DIANA ALVARADO 10 DE JULIO 2025.— Fundadores de la colonia Colosio de esta ciudad han solicitado por escrito la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para verificar que se dé cumplimiento al decreto de regularización de sus predios, y que las autoridades federales entreguen los más de 3 mil títulos de propiedad que todavía están pendientes.
Esta diligencia ha sido emprendida por el comité directivo de la asociación de colonos, en vista de la falta de avance en las mesas de trabajo, creadas luego de haber llevado su inconformidad ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Desde hace meses, habitantes de esta colonia han denunciado la intención por parte del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus) de cobrarles altos montos por el trámite de titulación, a razón de un avalúo de sus predios, lo que afirman es contrario al decreto presidencial de 2022, firmado por Andrés Manuel López Obrador. El acuerdo que se tenía era titulación gratuita para lotes residenciales, un cobro de 25 mil pesos para lotes comerciales y un cobro diferenciado para aquellos que ya no están habitados por los colonos originales.
En el escrito, le piden a la CNDH que emita una recomendación a José Alfonso Iracheta Carrol, director del Insus, para que dé cumplimiento cabal a dicho decreto presidencial, para así garantizar la protección de los derechos humanos vinculados a la vivienda y certeza jurídica.
Signan este documento los fundadores Julián Cano Novelo, José Gabriel Cabañas Ferreira, Blanca Estela Morales Muñoz, Teresa Sonia López Cardiel y Jorge Rubén Franco Bojórquez, al igual que Benito Muñoz Carranza, asesor jurídico.
DENUNCIAN IRREGULARIDADES
De forma paralela, estos mismos colonos redactaron un segundo oficio dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que solicitan su intervención para destrabar este actual conflicto y lograr la titulación de estas más de 3 mil familias.
Recordaron que el anterior presidente entregó títulos de propiedad a más de mil 600 familias, sin cobro alguno, lo que sienta una jurisprudencia para las más de tres mil que quedaron pendientes.
Critican la intervención de otras dependencias, como la Sedatu, el Indaabin y la Sedetus, que únicamente han generado demoras, obstáculos y duplicidad de funciones, por lo que piden su exclusión de este proceso.
También denuncian que existen varios lotes de esta colonia que ya están indebidamente registrados a la empresa Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya), y que en Catastro ya varios lotes que eran de particulares fueron asignados a esta empresa o directamente al Gobierno del Estado.
Derimaya, cabe destacar, fue creada por el Gobierno del Estado, al poco tiempo de surgir la invasión de la Colosio, como supuesta mediadora entre los colonos y la familia Castelazo, que aseveraba ser dueños de estos terrenos, sin jamás comprobarlo. El resultado, sin embargo, fue el pago de cuotas a esta paraestatal por décadas, sin que estos habitantes obtuvieran alguna certeza legal.
Al momento de su creación, Derimaya le pertenecían en 51% al Gobierno del Estado y 49% a esta familia. En fechas recientes, fue rebautizada “Desarrolladora de la Justicia Social para Quintana Roo”, administrada por la Sedetus.
“Los colonos de esta emblemática colonia han demostrado paciencia, voluntad de regularización y profundo respeto por la ley. Hoy apelamos a su sensibilidad social y compromiso con la justicia territorial para que se garantice el cumplimiento pleno del decreto federal y se nos otorgue certeza jurídica sobre nuestro patrimonio”, escriben los fundadores.
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