DIANA ALVARADO 02 FEBRERO DE 2023.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sostuvo que con el Plan B, el Presidente de la República “ahora podrá intervenir directamente – como jefe del Ejecutivo- en los procesos electorales para favorecer a su partido o para descalificar a sus adversarios”.
Al participar en una conferencia de la Universidad de Siena, Italia, Córdova señaló que la reforma altera los pilares de la democracia, lo cual abre la puerta a litigios.
Después de un repaso de los elementos más importantes que en su opinión tiene la reciente reforma electoral, indicó: “También la equidad en la competencia se rompe porque se permite que los gobernantes puedan utilizar la propaganda pública, la propaganda gubernamental para fines políticos y puedan intervenir directamente en las contiendas electorales”.
Por ejemplo, añadió, el Presidente, que en México no puede ser reelecto y, por tanto, una vez que es Presidente no tiene por qué participar en una elección porque no está sometido su mandato en la renovación de las urnas, ahora podrá intervenir directamente en los procesos electorales.
En suma, dijo el consejero a los académicos italianos, el Plan B viola los principios básicos de la democracia representativa porque “anuló la representación de las minorías” y “representa una insana subordinación de las mayorías del poder legislativo al Ejecutivo (autocracia), lo que claramente nos pone de cara a una regresión antidemocrática operada por una mayoría de tintes tiránicos”.
Y precisamente por considerar que la reforma tiene “flagrantes violaciones a la Constitución” dijo que el Poder Judicial “debería llevar a la invalidación de la Reforma en su totalidad”.
En la controversia presentada el miércoles por el INE (en la Suprema Corte), lo primero que debe avalar es su interés jurídico, para impugnar los cambios a la ley relacionados con el concepto de propaganda gubernamental.
El organismo asegura – en el documento de 129 cuartillas entregado a la Corte- que sí lo tiene porque el Plan B “obstaculiza o imposibilita” su atribución de vigilar la equidad.
Al mismo tiempo reconoce que la comunicación social de las autoridades y la propaganda gubernamental pertenecientes a todos los órganos de gobierno “no es un tema que pertenezca a lo que en estricto sentido esta Suprema Corte ha considerado como materia electoral”
Este primer recurso del INE se centra en la inconstitucionalidad del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Señala que existe violación al 134 constitucional y a la función del INE de garantizar la imparcialidad, “en particular, que el ejercicio de los recursos públicos por parte de las y los servidores públicos se haga en respeto a dichos postulados constitucionales”.
