DIANA ALVARADO 1 DE JUNIO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma que pospone la elección del Poder Judicial prevista para 2027 hasta junio de 2028, luego de que la iniciativa obtuviera el respaldo de 25 congresos estatales, superando ampliamente el requisito constitucional necesario para su aprobación.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, emitió la declaratoria de constitucionalidad al confirmarse la recepción de los votos aprobatorios enviados por las legislaturas estatales. Posteriormente, el decreto fue remitido al Diario Oficial de la Federación para su publicación y entrada en vigor.
La reforma modifica el calendario originalmente previsto para la renovación de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, trasladando la jornada electoral judicial al primer domingo de junio de 2028.
De acuerdo con los impulsores de la iniciativa, el objetivo es corregir problemas operativos detectados en el diseño original de la reforma judicial y permitir una mejor organización del proceso electoral.
Entre los principales cambios aprobados destacan:
Aplazamiento de la elección judicial de 2027 a 2028.
Creación de mecanismos de coordinación entre los comités de evaluación de los tres poderes.
Homologación de criterios para la selección de aspirantes.
Reducción del número de candidaturas que llegarán a las boletas.
Nuevas reglas para la integración de los distritos judiciales electorales.
La reforma también contempla que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea responsable de definir la distribución de distritos judiciales y de organizar el proceso electoral correspondiente. Asimismo, las boletas deberán incluir información sobre el poder que postula a cada aspirante y otros elementos de identificación para facilitar el voto ciudadano.
Otro de los aspectos incorporados al decreto es la posibilidad de que magistrados electorales actualmente en funciones puedan participar nuevamente en la elección judicial de 2028, tema que generó debate entre legisladores oficialistas y de oposición durante la discusión parlamentaria.
Además, la reforma incluye disposiciones relacionadas con la revocación de mandato, estableciendo que este ejercicio podría celebrarse de manera concurrente con procesos electorales federales o locales durante el cuarto año de gobierno presidencial.
Morena, PT y Partido Verde defendieron la modificación argumentando que permitirá fortalecer la organización de los comicios judiciales y garantizar una mejor implementación de la reforma al Poder Judicial.
Por su parte, legisladores de oposición sostuvieron que el cambio representa una corrección a deficiencias de la reforma judicial aprobada originalmente en 2024 y cuestionaron diversas disposiciones incluidas en el nuevo decreto.
Con la declaratoria emitida por la Comisión Permanente, la reforma quedó formalmente aprobada por el Constituyente Permanente y únicamente resta su publicación oficial para que entre en vigor en todo el país.
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