CIUDAD DE MÉXICO 27 ABRIL 2026.- A pesar de las públicas y notorias diferencias entre los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), hubo un asunto ante el cual fijaron una postura unánime: la necesidad de aplazar la elección judicial.
En principio, se planteó que estos comicios pudieran realizarse incluso en el mismo año que el resto de las contiendas, en 2027, quizá tres meses después, a fin de aprovechar la capacitación de quienes buscan y preparan a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla. No obstante, dijeron, el momento ideal para este proceso sería en 2028.
Todos los consejeros advirtieron que encimar todos los procesos en un mismo día pone en riesgo la calidad técnica y operativa del entramado electoral; además, no habría ahorros, debido a que la misma Constitución excluye a los partidos políticos de la elección de juzgadores y, por lo tanto, es obligatorio montar dos tipos de casilla en lugares distintos, por citar un elemento.
En suma, comentaron con distintos matices, esa concurrencia sería “inmanejable, incompatible, complicada”, no sólo para los organizadores de la elección sino para los propios ciudadanos.
En el proceso 2024-2025, el estreno de las elecciones ordenadas por la reforma judicial, el INE se vio envuelto en una vorágine porque debía organizar una contienda a partir de una metodología diseñada y operada por otras instancias; el resultado fue que le tocó “cachar” los errores del esquema.
Por ejemplo, en febrero de 2025 recibió por parte del Senado las carpetas con los datos de los candidatos, cuyos requisitos fueron evaluados no por el INE, sino por tres comités de evaluación distintos.
El hecho no tenía precedente porque, por un lado, se le exigía al instituto eficiencia y rapidez, pero al mismo tiempo debía revisar los procesos previos elaborados con tres enfoques distintos, pues la reforma judicial lo diseñó de esa forma.
El resultado fue un compendio de información incompleto, desde personas candidatas de las que no se tenía ni su correo electrónico hasta errores de captura en insumos básicos y, sobre todo, la sospecha de que entre los miles de datos entregados en carpetas había candidatos inelegibles.
Con prisas y sobre la marcha, el INE debió revisar las candidaturas para determinar si era viable la postulación; pedir información a fiscalías y otras instancias a fin de saber si los registrados no eran violentadores o deudores alimentarios.
Tal fue el caso que el INE descubrió, por citar uno de tantos expedientes, el de un candidato a juez de distrito que se encontraba privado de su libertad, acusado de violencia.
Un embrollo adicional fue la interpretación de un párrafo de la reforma relativo a los requisitos académicos; después de un arduo trabajo, en el que se detectaron decenas de personas que no acreditaban los promedios establecidos en un confuso párrafo de la reforma, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que al INE no le tocaba ese análisis.
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