DIANA ALVARADO 16 OCTUBRE 2020.- Desde las 8 de la mañana de este viernes 16 de octubre, miles de ciudadanos acudieron a participar en la iniciativa lanzada por la Senadora Marybel Villegas Canché para que a través de una Consulta Popular, se revoque la concesión otorgada a la empresa Aguakan para el suministro de agua potable, saneamiento y alcantarillado en 4 municipios de Quintana Roo.
Mujeres y hombres acudieron a las 58 mesas, 40 de ellas instaladas en Benito Juárez, 10 en Solidaridad, 4 en Isla Mujeres y 4 Puerto Morelos, para pedir la salida de la empresa Desarrollos Hidráulicos del Caribe S.A. de C.V., por el pésimo servicio, los cobros excesivos, arbitrariedades y cortes del suministro de agua, así como la nulidad de la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
La Senadora de Morena nuevamente invitó a los ciudadanos a participar con su voto en la Consulta Popular, e hizo un llamado a las autoridades municipales y diputados “a ponerse del lado del pueblo”, al recordar que desde hace varios años Aguakan incumple con el contrato del título de concesión.
De acuerdo a la legislación local, para que la consulta popular sea vinculante, se necesita el 3% de participación de la lista nominal del estado. Esto equivale a 18 mil 472 firmas en Benito Juárez; 6 mil 792 en Solidaridad; 608 en Isla Mujeres y 600 en Puerto Morelos.
Reiteró que uno de los acuerdos establecidos en el contrato cuando se amplió la concesión en 2014, era que la empresa invertiría el 50% de lo que generaba en cobros, principalmente en infraestructura, drenaje y saneamiento, pero al día de hoy no ha cumplido, por lo cual se debe terminar el contrato.
De acuerdo a reportes de Aguakan dados a conocer por la Bolsa Mexicana de Valores, obtiene ganancias anuales por más de dos mil millones de pesos. “Cómo es posible que no cumpla con una de las cláusulas en donde se comprometió a entregar el 10 por ciento de las ganancias que obtiene a cada uno de los 4 Ayuntamientos, por ejemplo en Benito Juárez obtiene mil 800 millones de pesos anuales, lo que significaría 180 millones de pesos”, señaló.
Marybel reiteró que hay acuerdos de corrupción, complicidades y un cumulo de intereses económicos muy fuertes que han impedido quitarle la concesión a esta empresa.
No existe, precisó, un artículo para indemnizar a Desarrollos Hidráulicos del Caribe por la revocación del contrato de concesión, “es puro rollo de algunos políticos que mienten a los quintanarroenses” señaló para referirse a la falsa información que difunden en donde tratan de decir que saldría más caro quitarle la concesión a Aguakan.
“Se necesitan 26 mil 472 firmas para darle validez jurídica al proceso participativo, pero son tantas las personas que quieren fuera a esta empresa, que estoy segura que vamos a rebasar la cifra”, puntualizó Marybel.
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