DIANA ALVARADO 26 DE MARZO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés a Grupo Xcaret al retirar la suspensión que le permitía utilizar elementos del patrimonio cultural maya en su publicidad y actividades turísticas, mientras se resuelve el fondo del litigio.
Con esta decisión, la empresa deberá dejar de usar símbolos, imágenes y expresiones culturales mayas en sus campañas promocionales, páginas web y parques, al menos de manera temporal.
El fallo se basa en la reciente reforma constitucional que reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a preservar y proteger su patrimonio cultural, así como su propiedad intelectual colectiva, por lo que su uso requiere consentimiento previo.
La resolución establece que el patrimonio cultural indígena no puede ser utilizado con fines comerciales sin autorización expresa de las comunidades, lo que refuerza la protección legal de estos elementos.
El caso se originó en 2022, cuando el Gran Consejo Maya de Quintana Roo denunció a Grupo Xcaret por el uso de símbolos y tradiciones mayas —como el Hanal Pixán, el juego de pelota o ceremonias rituales— sin consentimiento adecuado.
Aunque la empresa había obtenido un amparo en 2025 que le permitía continuar con estas prácticas, la Corte decidió revocar esa protección temporal, obligándola a suspender el uso de dichos elementos.
El proyecto que sustentó la decisión subraya que el interés público de proteger el patrimonio cultural indígena está por encima del interés comercial de una empresa privada.
Asimismo, se destaca que cualquier aprovechamiento de estos elementos debe contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios, conforme a la legislación vigente.
La resolución podría sentar un precedente importante para el sector turístico, ya que muchas empresas en la península de Yucatán utilizan simbología maya en sus productos y servicios.
Con este fallo, la SCJN abre un debate entre la industria turística y la defensa de los derechos culturales, dejando claro que la explotación comercial del patrimonio indígena deberá ajustarse a nuevas reglas legales más estrictas.
