DIANA ALVARADO 13 DE NOVIEMBRE 2025.— En apenas una hora con 38 minutos, sin debate y con posturas exclusivamente técnicas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió de manera definitiva siete juicios de hasta 16 años de antigüedad promovidos por Elektra y TV Azteca. Por unanimidad, el Pleno confirmó las sentencias de tribunales colegiados que obligan a las empresas a pagar más de 48 mil 326 millones 809 mil pesos por concepto de ISR, actualización, recargos y multas correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013.
Cada juicio será devuelto a tribunales colegiados de origen, para que los magistrados ordenen que se realicen los pagos con base en los montos que determine el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre las actualizaciones, multas y recargos.
En distintos proyectos, los ministros coincidieron que los recursos de las empresas de Grupo Salinas carecían de interés excepcional constitucional sobre la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) con los que combatían los adeudos fiscales, debido a que existen precedentes en el alto tribunal que ya han resuelto las cuestiones de constitucionalidad planteadas.
Los fallos de la Corte también marcan precedentes para tribunales y juzgados, que impactarán en juicios similares, incluso del mismo conglomerado, que combaten las mismas normas, lo que facilitaría su resolución.
Los siete asuntos se resolvieron mediante 15 proyectos presentados por siete ministros, relativos a amparos directos en revisión, impedimentos y recursos de reclamación.
El caso que tomó más tiempo —26 minutos— fue el amparo directo en revisión 6321/2024, que impugna el crédito más alto: 33 mil 306 millones 476 mil 459 pesos por ISR, recargos, multas y actualizaciones del ejercicio fiscal 2013. Tras atender litigios accesorios, el Pleno desechó el amparo al resolver un recurso de reclamación de la Secretaría de Hacienda, que revocó el acuerdo del 21 de agosto de 2024 con el que la entonces ministra presidenta, Norma Piña, había admitido la revisión.
Entre los asuntos resueltos también estuvo un recurso de impedimento promovido por Elektra contra la ministra Lenia Batres Guadarrama, declarado infundado. En este punto, el nuevo Pleno revirtió el criterio de las extintas salas que habían apartado a la ministra de dos casos del conglomerado por un supuesto riesgo de parcialidad derivado de comentarios críticos hacia Ricardo Salinas Pliego y sus empresas publicados en 2020 y 2021.
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