Esta fotografía es una radiografía de lo que ha sido el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. El gobernador aparece escoltado por el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, por el líder del grupo criminal conocido como Comando Tlahuica y por un antiguo militante del CJNG que fue asesinado. El “narcoestado” en su máxima expresión.
La imagen se ha convertido en un sinónimo de la influencia que el crimen organizado ejerce en una de las entidades más violentas y peligrosas del país, en el cuadrante que une a Michoacán, al sur del Estado de México, a Guerrero y a Morelos. Una zona de guerra dominada por los cárteles y los grupos de autodefensa.
La fotografía también exhibe el poder de una persona que abraza al gobernador, literal y políticamente: Homero Figueroa Mendoza, el jefe del Comando Tlahuica que es señalado por la fiscalía de Morelos como un personaje conectado a una trama de desvío de recursos públicos por más de 50 millones de pesos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca y al asesinato del activista ambiental Samir Flores. Figueroa Mendoza también es referido por los críticos del gobernador como uno de los financiadores de las campañas políticas de Cuauhtémoc Blanco.
La estela de corrupción que rodea al gobierno de Morelos no termina ahí. Documentos obtenidos de los servidores del Ejército a través de la filtración de Sedena Leaks revelan un informe que acusa a José Manuel Sáenz, ex representante de Cuauhtémoc Blanco y su primer jefe de Oficina en la gubernatura, de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y con los grupos criminales “Los Rojos” y “Gente Nueva”.
Durante la gestión de Santiago Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera investigó a Sáenz por su presunta participación en una red de lavado de dinero por más de 741 millones de pesos con terminaciones offshore en cuentas bancarias en Suiza.
A pesar de la larga estela de corrupción que rodea al gobierno de Morelos, Cuauhtémoc Blanco se ha vuelto un protegido político del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En abril del 2022, después de una reunión con Claudia Sheinbaum, la entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y actual aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Cuauhtémoc Blanco declaró que estaba considerando ser el candidato del oficialismo a la jefatura de Gobierno de la capital. De acuerdo al periodista Carlos Loret de Mola, se llegó a un acuerdo de operación política que fue avalado por el presidente López Obrador. Morena capitalizaría la popularidad de Cuauhtémoc Banco para detener el avance de la oposición en la Ciudad de México.
Meses más tarde, en octubre de 2022, un grupo de diputados locales de Morelos se reunieron con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en Bucareli. El motivo de la reunión era solicitar protección federal y señalar las irregularidades del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.
El periodista Héctor de Mauleón refiere que, de acuerdo a uno de los participantes en el encuentro, lo primero que dijo Adán Augusto López fue lo siguiente: “Para que sepan de una vez, aquí no se va a mover al gobernador. Si quieren mejorar la situación del estado, ayúdenos a quitar al fiscal, porque el fiscal se va a ir”.
Un mes más tarde, en noviembre de 2022, Cuauhtémoc Blanco solicitó al Congreso de Morelos la destitución del fiscal Uriel Carmona por el mal manejo de la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda López.
En enero de 2023, Claudia Sheinbaum acusó a Carmona de encubrir el feminicidio. La fiscalía de Morelos y la fiscalía de la Ciudad de México llegaron a conclusiones distintas sobre la muerte de Ariadna Fernanda. Uriel Carmona declaró que se trató de una broncoaspiración y que el peritaje no arrojó signos de violencia. Ernestina Godoy, de la fiscalía capitalina, en cambio, dijo que la joven fue asesinada por un golpe en la cabeza. El caso se politizó y culminó en la detención del fiscal de Morelos el pasado viernes.
Los críticos de Carmona tienen razón en que el fiscal se negó a revisar el expediente de Ariadna Fernanda desde una perspectiva de género. También tienen razón en que Carmona, al igual que Sáenz, aparece en el documento de Sedena Leaks señalado por presuntos vínculos con “Los Rojos” y “Gente Nueva”. Incluso tienen razón en que fue omiso ante las acusaciones de corrupción que se hicieron en contra del gobierno perredista de Graco Ramírez.
Sin embargo, nada de esto tiene que ver con la razón por la cual fue arrestado el pasado viernes en un operativo conjunto de la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República y la Marina Armada de México. La coordinación de estas tres instancias es reveladora en sí misma porque pone de relieve la carga política del caso.
La realidad es que Uriel Carmona ha abierto carpetas de investigación en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco por presuntos vínculos con el crimen organizado, presunto enriquecimiento ilícito e incluso por presunto acoso sexual. El periodista Mario Maldonado refiere que uno de estos expedientes detalla la compra de activos inmobiliarios en Estados Unidos con dinero que habría sido desviado del gobierno estatal.
Las irregularidades del caso Carmona están a la vista. En primer lugar, la audiencia judicial se llevó a cabo a puerta cerrada. No hubo transparencia.
Segunda irregularidad: la defensa reclama que el juez vinculó a proceso a su cliente por “retardo” de la justicia con un solo dato de prueba, una entrevista pública en el que Carmona habla de la tesis de la broncoaspiración.
Tercera irregularidad: el fiscal contaba con un amparo que lo protegía de una orden de aprehensión.
Cuarta irregularidad: el fiscal contaba con fuero federal, que fue ratificado la semana pasada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.
Quinta irregularidad: el delito del fuero común que la fiscalía capitalina le imputa a Carmona sólo es aplicable a servidores públicos de la Ciudad de México.
Sexta irregularidad: el poder judicial de la Ciudad de México se prestó a dictar prisión preventiva por un delito que no lo ameritaba.
Séptima irregularidad: es difícil argumentar que se retardó la investigación del caso de Ariadna Fernanda, puesto que hay dos personas vinculadas a proceso y a que la fiscalía de Morelos nunca emitió algún no ejercicio de la acción penal.
¿Uriel Carmona es un perseguido político? Así lo cree él. El fiscal de Morelos acusa una conspiración de Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum. El caso llega más arriba. El lunes, el presidente López Obrador atajó el tema y declaró que la detención de Carmona fue legal.
“La persecución de opositores y adversarios a este régimen es cada vez más común. El uso político de la justicia es el sello de esta administración”, declaró el senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza en relación a este caso.
La captura de Uriel Carmona puede interpretarse como un mensaje a otros fiscales incómodos que estorban al gobierno de la Cuarta Transformación y que han sido señalados, directa o indirectamente en la conferencia mañanera, como Carlos Zamarripa, de Guanajuato, o Pedro Arce, de Nuevo León.
El fiscal de Morelos no fue el primer funcionario en acusar a Cuauhtémoc Blanco. También lo había hecho la diputada Gabriela Marín, ex pareja sentimental de Ulises Bravo, el hermano del gobernador que fue señalado de dirigir un esquema de extorsión desde la administración estatal. Marín fue brutalmente asesinada el 5 de octubre del 2022.
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