DIANA ALVARADO 26 SEPTIEMBRE.- El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su advertencia y decretó área natural protegida los terrenos de Calica, ubicados al sur de Playa del Carmen, predios propiedad de la estadunidense Vulcan Materials Company, la cual adelantó que intensificará la batalla legal contra el gobierno mexicano.
El lunes por la noche se anunció en el Diario Oficial de la Federación el decreto de área de conservación de flora y fauna Felipe Carrillo Puerto, sobre una superficie de 53 mil 227 hectáreas, ubicadas en los municipios quintanarroenses de Solidaridad, Tulum y la zona continental de Cozumel.
El decreto frena cualquier posibilidad de que Calica continúe realizando labores extractivas de material pétreo para su envío a los Estados Unidos, actividad que realizó durante más de tres décadas al sur de Playa del Carmen, donde se formó una enorme laguna resultado de la fractura al manto freático.
La nueva área de conservación incluye las más de dos mil hectáreas de Calica y el puerto de Punta Venado, concesionado por el Estado mexicano al particular.
Asimismo, pasan a formar parte del área de conservación un segmento del tramo 5 Sur del Tren Maya, el mismo donde los ambientalistas locales señalaron que el gobierno federal ejecutó trabajos que dañaron cuevas y cenotes con agua dulce.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, principalmente en la segunda mitad de su sexenio, había advertido frenar definitivamente las labores efectuadas por Calica, incluso, habló de una probable expropiación de sus terrenos.
En respuesta a estas acciones, Vulcan Materials Company emitió un comunicado con el que advirtió que empleará todas las vías jurídicas disponibles para defenderse.
Señaló que la declaratoria viola los acuerdos comerciales de México con Estados Unidos, incluido el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En 2019 Vulcan inició un procedimiento de arbitraje bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia relativa a Inversiones (Ciadi).
Reclama al gobierno de México una indemnización de más de mil 500 millones de dólares por las clausuras que le efectuó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al final del sexenio de Enrique Peña Nieto.
A este reclamo se le añadieron otras clausuras practicadas en mayo de 2022, cuando el gobierno de López Obrador impuso nuevas medidas pues el particular no dejaba de extraer material pétreo.
A este procedimiento internacional se suman múltiples demandas de amparo que juzgados y tribunales federales ubicados en Quintana Roo han resuelto en contra de las pretensiones de Calica que busca le retiren las clausuras.
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