DIANA ALVARADO 10 DE JUNIO 2026.- Rodrigo Olivar Quintal, quien fuera presidente del Comisariado Ejidal de Solferino, presuntamente falsificó un acta de asamblea en 2017, para asignarse facultades de administración y dominios sobre el patrimonio colectivo, lo que ya derivó en una sentencia en contra por parte del Tribunal Unitario Agrario.
Lucas Vicencio Hernández, ejidatario de Solferino, comentó que, en aquella asamblea, contemplaba como punto octavo el informe del comisariado ejidal saliente; sin embargo, el acta fue alterada para incluir la aprobación de facultades a los integrantes del comisariado ejidal para la administración y dominio sobre los recursos del ejido.
De igual forma, señaló que el punto número diez originalmente correspondía al informe del presidente del Consejo de Vigilancia, pero fue modificado para establecer la recepción de documentación y de bienes muebles e inmuebles propiedad del ejido por parte de los órganos de representación salientes a los nuevos representantes electos.
El ejidatario sostuvo que las inconsistencias no terminan ahí, ya que en el acta presuntamente alterada tampoco aparecen elementos fundamentales de una asamblea formal, como la clausura de la sesión, la elaboración correspondiente del acta y las firmas de los participantes.
Un grupo de ejidatarios se percató de esta falsificación y promovió un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario, que confirmó esta anomalía y ordenó eliminar los puntos que fueron incorporados de manera irregular.
Hasta la fecha, esta instrucción no ha sido cumplida, denunció el ejidatario.
Indicó que la sentencia también ordenó que la resolución fuera inscrita ante el Registro Agrario Nacional (RAN), donde se establece que Olivar Quintal falsificó documentación oficial, situación que podría constituir un delito sancionado penalmente y en el que podrían estar involucrados integrantes de anteriores directivas ejidales.
Asimismo, mencionó que en el caso también está involucrada la licenciada Erika Hernández Marcial, quien en ese entonces se desempeñaba como visitadora agraria y, según afirmó, no intervino para corregir las irregularidades detectadas.
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