DIANA ALVARADO 29 DE ABRIL 2026.- Cientos de personas deportadas están llegando al estado sin recursos, sin tener un techo y sin documentos para conseguir trabajo, por lo que muchos acaban en situación de calle, pese a lo cual no hay algún programa que se encargue de brindarles refugio y canalizarlos hacia un empleo, lamentó Marilyn Torres Leal, presidenta de la fundación de atención al migrante y al refugiado CISVAC.
En entrevista, la también presidenta del comité de Derechos Humanos de la Coparmex, indicó que ya existen campamentos de deportados (como en la avenida Bonampak) o bien se les halla durmiendo en playas o parques. En muchos casos, se trata de personas que fácilmente pudieran hallar trabajo, si tan solo se les brindara ayuda para obtener sus documentos, además de un refugio temporal.
La policía migratoria estadounidense, el ICE, los agarra en la calle, con lo puesto, y les quita su celular y demás pertenencias, antes de enviarlos de regreso a México, lugar en donde no han estado en años, por lo que a menudo carecen de alguna red de apoyo.
Hay quienes saben del programa “Bienvenido, Paisano” y preguntan por él, pero descubren que no está implementado en Quintana Roo.
“Ellos acuden al ayuntamiento por ayuda, porque no tienen cómo comunicarse con nadie, no tienen ni los 300 pesos para un acta de nacimiento”, comentó la activista, quien lamentó que el municipio no les brinda ningún apoyo. A menudo, los envía con su fundación.
Su asociación se encarga de elaborarles un curriculum vitae, además de conectarlos con empresas para ser contratados (la mayoría domina el inglés). Sin embargo, la obtención de su acta de nacimiento toma 10 días, a lo que se suma la actualización del CURP y, lo más tardado de todo, la obtención del alta fiscal ante el SAT.
“El SAT se vuelve un suplicio similar al de su deportación”, declaró.
En tanto esto se resuelve, estas personas pasan hambre, necesitan un lugar donde dormir y donde hacer sus necesidades fisiológicas. La necesidad de este grupo pudiera generar situaciones de inseguridad, por lo que ya se trata de un tema social.
El caso de los extranjeros es peor, pues ellos ni siquiera pueden aspirar a tener papeles, lo que los deja en la marginación.
Aunque, a criterio de Marilyn Torres, se trata de un problema con fácil solución, las autoridades prefieren “pasarse la bolita”, pues el municipio y el estado alegan que es un tema federal, además que no tienen recursos.
“Hacemos lo que podemos, pero esto es un tema de políticas públicas”, comentó. “Hacen tantos elefantes (blancos) desaprovechados, y si hay dinero para gastar en tantas cosas, ¿qué tanto puede costar armar un albergue temporal, siquiera de 20 o 30 días, para que no estén acampando?”
Ella ya ha solicitado que le cedan un espacio sin usar, y su fundación se encarga de poner camas, pero no ha recibido respuesta.
En lo que va del año, su agrupación ha atenido a 2 mil 300 personas, hallándoles trabajo a mil 700, pero la población de deportados es mucho mayor.
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