DIANA ALVARADO 28 SEPTIEMBRE 2021.- La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó, por una mayoría de 2 a 1, desechar la queja promovida por el PAN en contra de los legisladores de Morena que promovieron la consulta popular sobre el desempeño de los políticos del pasado. Se estimó que la legislación no es expresa para restringir este tipo de pronunciamientos que, por lo demás, se consideraron como aportaciones al debate de la consulta popular
Aunque el proyecto de la magistrada Gabriela Villafuerte proponía imponer sanciones por las publicaciones realizadas en la Jornada entre el 23 y el 29 de julio, los magistrados Luis Espíndola y Ruben Lara discreparon de la propuesta argumentando que no se involucraron recursos públicos en su financiamiento; que los servidores públicos tienen libertad de expresión en el desarrollo de consultas populares y que no se puede extrapolar directamente las restricciones de procesos electorales con la consulta popular.
Espindola aseveró que las restricciones invocadas en el proyecto obedecen a una lógica de renovación del poder y la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que se rige por la Ley Federal de Consulta Popular que no contiene ninguna restricción expresa de la cual se pudiera desprender una falta, pues sólo se prohíbe contratar en radio y televisión.
Para la mayoría de los magistrados, los servidores públicos -en este caso diputados federales – tienen libertad de expresión y pueden contribuir a enriquecer el debate y aportar para que los ciudadanos puedan ejercer su voto de manera más informada, según definió Espíndola..
A su vez, Lara explicó que la Sala Especializada ya ha definido criterios relacionadas con la promoción de la Consulta Popular, en la lógica que la neutralidad e imparcialidad que se pide a los servidores públicos está en la lógica de un proceso electoral pero la Consulta Popular se rige por otros elementos, y no debe impedirse sus posicionamientos que coloque en ventaja o desventaja.
Para Villafuerte, las restricciones establecidas en la ley no solo se reducen a las elecciones sino a procesos democráticos. Explicó que en este caso, los diputados usaron su investidura para promocionar, dijo, indebidamente la consulta popular pues dijo que hay restricciones en la ley que lo impiden. A su juicio, los servidores públicos deben ser espectadores de estos procesos y esperar que los ciudadanos decidan sobre los temas en consulta.
