DIANA ALVARADO | 6 DE AGOSTO DE 2026.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que las expresiones emitidas por las diputadas locales de Morena en Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y Grace Palomares Ramírez, contra las personas adultas mayores rebasan los límites de la libertad de expresión y constituyen discursos de odio, estigmatización y violencia institucional. El organismo afirmó que los comentarios vulneran la dignidad y los derechos humanos de este sector de la población.
En un pronunciamiento, la CNDH señaló que expresiones como que las personas mayores “huelen a baúl” o “se están pudriendo” no pueden considerarse simples opiniones desafortunadas, sino manifestaciones de edadismo, una forma de discriminación basada en la edad. Añadió que, al provenir de servidoras públicas, dichos mensajes adquieren una mayor gravedad por el deber que tienen de promover el respeto y la igualdad.
El organismo nacional exhortó al Congreso del Estado de Puebla a emitir un posicionamiento institucional sobre el caso e implementar códigos de ética que impidan la difusión de discursos discriminatorios por parte de las y los legisladores, tanto en espacios oficiales como en plataformas digitales. Asimismo, pidió que las diputadas involucradas y el resto del Poder Legislativo estatal participen en procesos de sensibilización sobre derechos humanos, envejecimiento y respeto a las personas adultas mayores.
La polémica surgió después de que las legisladoras realizaran comentarios en un espacio digital que fueron ampliamente criticados en redes sociales y por organizaciones civiles. Tras la controversia, una de las diputadas ofreció una disculpa pública y sostuvo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, aunque también argumentó que se trataba de expresiones protegidas por la libertad de expresión.
La CNDH rechazó esa interpretación y enfatizó que la libertad de expresión, aunque constituye un derecho fundamental, no es absoluta cuando las manifestaciones fomentan la discriminación o afectan la dignidad de grupos en situación de vulnerabilidad. Indicó que las personas servidoras públicas tienen una responsabilidad reforzada de conducirse con respeto y evitar mensajes que reproduzcan estereotipos o exclusión.
Con este pronunciamiento, la Comisión reiteró su llamado a fortalecer una cultura de respeto hacia las personas adultas mayores y a prevenir cualquier forma de discriminación por edad en el ejercicio del servicio público. El organismo insistió en que las instituciones del Estado deben garantizar la protección de los derechos humanos de este sector de la población y promover un trato digno e incluyente en todos los espacios públicos.
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