Política de Hoy
Por Diana Alvarado
En una sesión del pleno de la XVII Legislatura que se prolongó hasta la madrugada, los diputados aprobaron con 19 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, con lo que Quintana Roo se convierte en el décimo país del país en contar con esta legislación a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Fue una decisión que sorprendió a la sociedad incluidos algunos colectivos feministas porque han planteado esta demanda a los diputados locales desde hace muchos años y en cada ocasión fueron ignorados.
El último intento fue en noviembre de 2020, siendo Gustavo Miranda coordinador de la Jugocopo, cuando los colectivos tomaron la sede del Congreso por tres meses exigiendo que se legislara sobre la despenalización. En marzo del 2021 se llegó a un acuerdo, las feministas se retiraron tras el compromiso de que se llevaría el tema al pleno, y tras muchas presiones, la XVI Legislatura votó en contra.
Los colectivos feministas no quitaron el dedo del renglón y se reunieron con los aspirantes a diputados en las recientes campañas, logrando que algunos se pusieran el pañuelo verde y firmaran su pliego petitorio con la firme promesa de cumplir una vez llegados al cargo. Así fue.
Con la aprobación de reformas al Código Penal se dio el primer paso para la despenalización del aborto pero aún falta mucho por cambiar en otras leyes y reglamentos para garantizar que se practique de manera libre, segura y gratuita.
Por lo pronto, y creo que es lo más importante, hay que reconocer que los diputados que aprobaron la despenalización del aborto actuaron de manera responsable y acorde a los tiempos y demandas de las mujeres, sin temor a la polémica, a la presión de grupos próvida ni a los famosos costos políticos. Cumplieron cabalmente su encomienda al garantizar los derechos de las mujeres, aunque algunas no estén de acuerdo. De eso se trata, de ampliar los derechos humanos, no de restringirlos, porque a fin de cuentas abortar es un derecho de las mujeres, no una obligación.










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